Funcionario policial fue aprehendido el 11 de julio, quien pertenece al Grupo Especial de Control de Aeropuerto (GECA) de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN)
Juzgado 8vo de Instrucción Penal Cautelar determinó la detención preventiva para el sargento de la Policía, Rodrigo L. Ch., tras ser vinculado en el envío de un cargamento de casi media tonelada de droga desde Bolivia a España. Este es el segundo uniformado implicado en el caso.
El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, informó que se fundamentaron con elementos suficientes que el implicado es autor de los delitos de tráfico de sustancias controladas, organización criminal y confabulación. La reclusión será en el penal de Palmasola por el lapso de 90 días.
La investigación en Bolivia se inició de oficio, el 9 de mayo, luego de que se conociera a través de redes sociales y medios de comunicación, sobre el hallazgo de la sustancia controlada encontrada en España.
“El Ministerio Público, durante la audiencia cautelar, presentó diferentes elementos como la declaración de testigos, imágenes de cámaras de seguridad donde se puede observar al efectivo policial en el área denominada estéril del aeropuerto internacional Viru Viru donde se encargaba de controlar la carga para los aviones y éste funcionario no alerto ninguna irregularidad el día que se trasladó 478 kilos de cocaína hasta España”, informó en una nota de prensa.
El funcionario policial fue aprehendido el 11 de julio, quien pertenece al Grupo Especial de Control de Aeropuerto (GECA) de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), y se encontraba de servicio el día que partió la aeronave cargada con sustancias controladas con dirección a Barajas, España.
El pasado 9 de junio, un juez ordenó la detención preventiva del capitán Carmelo C. G., perteneciente a la FELCN. Tras la determinación judicial del sargento de la Policía, dentro de la investigación, ya suman 10 las personas procesadas por el polémico envío de droga al país europeo.
La comisión de fiscales investiga lo ocurrido el 11 de febrero cuando una aeronave de la empresa Wamos Air, con toda su tripulación, contratada por la aerolínea Boliviana de Aviación (BoA), llegó hasta el aeropuerto de Barajas, España, donde se identificó 12 cajas que no fueron declaradas que contenían la droga.