El bloqueo de créditos: ¿intereses políticos por encima del desarrollo? por Marín Moreira

En un contexto de crisis económica y bloqueo legislativo, la falta de financiamiento para proyectos estratégicos y la escasez de divisas han profundizado las dificultades del país. Mientras la Asamblea Plurinacional obstaculiza la aprobación de nuevos créditos esenciales para el desarrollo, el pasado revela un manejo cuestionable de recursos, como los préstamos adquiridos durante el gobierno de Jeanine Áñez sin autorización legislativa.

Paralelamente, sectores favorecidos por políticas de subsidio, como el agronegocio y la minería, han priorizado sus propios intereses, condicionando la distribución de combustibles. Ante esta situación, el Gobierno ha implementado medidas como el Decreto Supremo 5348, que permite a YPFB operar con activos virtuales para garantizar el abastecimiento de hidrocarburos, en un intento por sortear la crisis y asegurar el desarrollo económico del país.

En una coyuntura de boicot económico liderado por la Asamblea Plurinacional, la economía se ve seriamente afectada. Sin embargo, muchos de los analistas y precandidatos actuales formaron parte del gobierno de Jeanine Áñez y aprobaron y utilizaron créditos como el del Fondo Monetario Internacional sin la autorización de la Asamblea, o el crédito del BID, que fue entregado a Branko Marinkovic a fondo perdido y posteriormente cedido a la CAO, cuyo presidente en ese entonces era Díaz Salek, ¿qué hicieron con esos 100 millones de dólares?

Durante el gobierno del expresidente Evo Morales, se aprobaron créditos por más de 17.000 millones de dólares en plena época de bonanza. Ahora, aquellos que se presentan como defensores del país y de la economía, luchadores incansables por sus intereses político-partidarios, se niegan a aprobar créditos por 1.663 millones de dólares para el desarrollo del país. Es difícil comprender cómo sus intereses prevalecen sobre el progreso de las regiones, utilizando como pretexto otros créditos aprobados anteriormente.

Desde noviembre de 2020 hasta diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa Plurinacional ha aprobado un total de 35 leyes de crédito, autorizando financiamientos por 4.121 millones de dólares. No obstante, hasta la fecha, solo se ha desembolsado el 49% de estos recursos (2.013 millones de dólares). Esto es absolutamente normal, ya que los créditos no se desembolsan en su totalidad de inmediato, sino según una programación basada en la ejecución de los proyectos.

En términos de ejecución, de los 34 créditos actualmente en operación, 18 han sido contratados: seis están concluidos y 12 en ejecución. Además, 12 proyectos se encuentran en proceso de licitación, cuatro en fase de actualización de diseño y uno en cumplimiento de condiciones previas.

Según información oficial del Banco Central de Bolivia, el 68% de la deuda externa proviene de fuentes multilaterales como el BID, la CAF, el Banco Mundial y FONPLATA, mientras que solo el 10% corresponde a financiamiento de China.

Es importante comprender que estos recursos están destinados exclusivamente a la inversión pública en proyectos de infraestructura, acceso al agua, desarrollo económico, salud, cambio climático, entre otros.

En este contexto, la evolución de la deuda externa boliviana se ha mantenido dentro de márgenes sostenibles, cerrando el año 2024 con un nivel del 26,8% del PIB.

La falta de liquidez para los hidrocarburos evidencia la necesidad de tomar acciones contundentes, ya que la Asamblea Legislativa continuará boicoteando y priorizando sus intereses políticos. Una de estas acciones es establecer acuerdos con los sectores que han generado mayores excedentes, como el agronegocio y la minería.

Los mineros han aceptado importar carburante a precio internacional y pagar en dólares; sin embargo, los empresarios agropecuarios han intentado condicionar al Estado para obtener el control absoluto de la distribución de combustibles sin ninguna restricción.

Según la Constitución Política del Estado, las materias primas e insumos estratégicos, como el gas y los carburantes, deben ser administrados por el Estado, en este caso, a través de YPFB. No obstante, el sector agropecuario ha dado la espalda al país, a pesar de ser uno de los más beneficiados por la subvención, lo que le ha permitido generar excedentes multimillonarios.

Otra medida con una visión económica acertada ha sido la reciente promulgación del Decreto Supremo 5348. Esta norma autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a adquirir divisas de la entidad bancaria pública y otras instituciones financieras. Además, permite operaciones con «activos virtuales» para la compra de petróleo crudo, diésel e insumos y aditivos destinados a la producción de gasolina base y/o especial.

Esta disposición se adopta en un contexto en el que YPFB ha reconocido sus limitaciones para cubrir la demanda interna de carburantes debido a la escasez de dólares.

El Gobierno sustenta esta medida en el Decreto Supremo 5301, que autoriza a las empresas públicas a comprar activos virtuales como mecanismo alternativo de pago para el intercambio de divisas y el cumplimiento de obligaciones contractuales.

En un escenario cada vez más complejo, el Gobierno está tomando medidas urgentes; sin embargo, estas deben ir acompañadas del desbloqueo de los créditos paralizados en la Asamblea Legislativa Plurinacional para garantizar un flujo adecuado de divisas.