Gran Bretaña promueve una ley para aumentar la vigilancia en internet

En una comparecencia en la Cámara de los Comunes, la conservadora May dio a conocer el llamado Proyecto de Ley de Poderes de Investigación, que consideró necesario para afrontar una amenaza terrorista “clara” y que cuenta con el apoyo de la oposición laborista.

La ley obligará a las empresas de internet a almacenar la actividad en línea de sus usuarios durante 12 meses, en el caso de que la información sea solicitada por el gobierno británico. Las empresas de internet tendrán que conservar el servicio digital al que el usuario se ha conectado, cuándo, cómo y dónde, pero, si los servicios secretos buscan más detalles del contenido, necesitarán una autorización de la Ministra de Interior.

En su declaración en los Comunes, May dijo que en los últimos 12 meses las fuerzas de seguridad del Reino Unido han frustrado seis complots terroristas “significativos”, mientras que ha aumentado la frecuencia de los ataques cibernéticos.

El primer ministro británico, David Cameron, también defendió la necesidad de “ayudar” a la Policía y a los servicios de seguridad a que mantengan a salvo a la sociedad y recalcó que se trata de uno de los más importantes proyectos legislativos de su gobierno.

El objetivo de este texto es actualizar los poderes de los servicios de inteligencia para vigilar e interceptar las comunicaciones de sospechosos terroristas, grupos criminales organizados o redes de pederastia, pues las leyes en vigor han quedado desfasadas ante la velocidad de los avances tecnológicos.

Entre otras, el proyecto, que será debatido por las dos cámaras parlamentarias -Comunes y Lores- en los próximos meses antes de su votación en 2016, obligará a las empresas de internet a conservar los domicilios electrónicos de las páginas que consulte el usuario, pero no el historial de navegación que haga en esa página.

May ha defendido estos poderes al considerar que la Policía y los servicios secretos los necesitan porque las redes sociales se han convertido para los grupos terroristas y las organizaciones criminales en “lugares seguros” donde esconderse y comunicarse.

El portavoz laborista de Interior, Andy Burnham, dio su visto bueno al proyecto, al insistir en que las fuerzas de seguridad necesitan poderes para proteger al país, y también aprobó que el gobierno haya consultado con expertos antes de redactar el texto. Los expertos en la lucha antiterrorista han defendido estas medidas, pero las organizaciones que defienden los derechos civiles opinan que atentan contra la intimidad de las personas.

En la actualidad, las fuerzas de seguridad pueden escuchar las conversaciones telefónicas e interceptar correos electrónicos, previa autorización de las autoridades del Ministerio de Interior y siempre que sea por razones de seguridad nacional.

El Ejecutivo británico ha dejado claro que la legislación también garantizará el acceso a la información digital, pues será delito obtener datos de las comunicaciones de los operadores de telecomunicaciones sin el permiso de las autoridades, lo que estará penado con hasta dos años de cárcel.

Cameron intentó en 2012 introducir esta legislación, pero fue frenado entonces por sus socios de la coalición, el Partido Liberal Demócrata, con el que los “tories” gobernaron entre 2010 y 2015.