Líderes del paro en Santa Cruz están entre los autores materiales e intelectuales de la violencia durante los 36 días de paro y la Iglesia Católica fue uno de los actores, afirma el informe de APDHB

Los líderes del paro en Santa Cruz están entre los autores materiales e intelectuales de la violencia durante los 36 días de paro y la Iglesia Católica fue uno de los actores que alentó la extrema medida, señala un informe de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) sobre lo ocurrido en esas jornadas.

La Iglesia Católica fue parte de las “negociaciones” con sectores de oposición para allanar la ruptura institucional en 2019 y promover a Jeanine Áñez como presidenta de facto.

El responsable de la APDHB, Édgar Salazar, informó al canal estatal que el contenido del informe será un insumo no solo para respaldar el accionar de la justicia en Bolivia, sino también para presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de garantizar justicia para las víctimas de la violencia.

“No van a poder escapar de la justicia internacional por estos crímenes de odio que han generado estas personas del Comité Interinstitucional”, afirmó en alusión al gobernador Fernando Camacho, al cívico Rómulo Calvo y al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar.

La extrema medida de presión se extendió por 36 días, entre el 22 de octubre y el 26 de noviembre, y estuvo marcada por la violencia, el racismo, la discriminación, el saqueo de negocios, una violación grupal en un punto de bloqueo, cuatro muertes, la quema de la sede de campesinos, el saqueo de las oficinas de la Central Obrera Departamental y la toma de instituciones públicas, entre otros hechos.

En el marco de una reunión del Comité Interinstitucional, los tres líderes del paro decidieron mantener un estado de emergencia, convocar a una marcha para el viernes y no acudir a las convocatorias judiciales en La Paz —ya que las denuncias por el paro se unificaron y fueron radicadas en La Paz— por considerarlas parte de una persecución judicial.

“Negar rotundamente que haya persecución política o judicial contra la dirigencia del Comité Interinstitucional de Santa Cruz. Ellos tienen que ser conscientes de que en esos 36 días hubo hechos violentos, violación de los derechos humanos, comisión de delitos penales. Son conscientes de que tienen que ser sometidos con todo el peso de la ley”, afirmó el activista.

Salazar consideró que no es posible un proceso en Santa Cruz contra los líderes del paro, porque no hay garantías para la labor judicial debido a la capacidad de presión de los acusados.

Política desde el púlpito

La jerarquía de la Iglesia Católica apeló al púlpito para atacar al Gobierno nacional y alinearse con el Comité Cívico pro Santa Cruz y el gobernador, Fernando Camacho, durante los paros escalonados de julio y agosto y de 36 días entre octubre y noviembre de este año.

Cada domingo, durante las violentas jornadas del paro cívico más largo de la historia del país, los prelados contrataron costosas transmisiones en redes privadas no para compartir una homilía de reflexión, sino un discurso político y marcar con claridad su oposición al gobierno constitucional del presidente Luis Arce.

Desde esa tribuna, en cadena nacional, el arzobispo de Santa Cruz, René Leigue, acusó al Ejecutivo de modificar el calendario censal por su “avaricia”, para no aplicar una nueva redistribución de recursos, “para no repartir la riqueza”.

La postura del prelado coincidió con la línea de los discursos de los cívicos y el gobernador de Santa Cruz. La jerarquía católica, en clara línea opositora, no desautorizó públicamente la posición política del arzobispo Leigue.

Rol golpista

En 2020, la Iglesia Católica presentó un libro en el que describe su participación el golpe de Estado de un año antes.

En el “Informe–Memoria de los Hechos del Proceso de Pacificación en Bolivia”, ocurridos entre octubre de 2019 y enero 2020, confirmó que dos días antes de que Jeanine Áñez asuma la Presidencia, en una reunión reservada de cívicos, políticos y delegados de embajadas, pidió a Ricardo Paz, entonces jefe de campaña y asesor de Carlos Mesa, llamarla para consultarle si podía asumir la presidencia de Bolivia.

La Jerarquía Católica también se refirió a los “acuerdos verbales” con varios actores políticos durante al menos cinco reuniones que sostuvieron en noviembre de 2019.

También hicieron pública la propuesta del entonces cívico Fernando Camacho de conformar un gobierno cívico-militar que suceda a Evo Morales y las gestiones de los obispos ante el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas para que ayuden en la “contención” de las protestas de 2019.

En su confesión convertida en documento, la cúpula del clero también aseguró que Áñez “se hallaba jurídicamente habilitada para ocupar inmediatamente el cargo de presidenta del Senado” y luego a la primera magistratura del país.