Ante esa situación, el ministro de Justicia, Iván Lima, exhortó a la ALP a garantizar las elecciones
publicado en 26 / Sep / 23Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este martes su preocupación ante los desafíos que se presentan en el proceso de elección de las autoridades para el Órgano Judicial y Tribunal Constitucional, por lo que urgió al Estado y a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a consensuar para garantizar los comicios.
“Urge al Estado Plurinacional de Bolivia, en especial, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a generar consensos, aprobar la convocatoria y el reglamento respectivos, para avanzar y concluir en tiempo y forma el proceso de selección de las autoridades (…).
Se recuerda que la separación e independencia de los poderes públicos es un elemento esencial para el fortalecimiento de la democracia representativa”, especifica un pronunciamiento emitido por el organismo internacional.
De acuerdo a la CIDH se podría “debilitar el funcionamiento del sistema de justicia de Bolivia”, en ese escenario, también instó a adoptar medidas efectivas para garantizar la independencia de los poderes y el debido funcionamiento del sistema de justicia, en cumplimiento a los estándares interamericanos.
Ministro de Justicia, Iván Lima, exhortó a la ALP a garantizar las elecciones para designar a las máximas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, para preservar el sistema democrático como establece la Constitución Política del Estado.
Lima convocó a dar cumplimiento al comunicado de la Comisión Interamericana emitido en el marco de su mandato de garantizar la vigencia de los derechos y garantías constitucionales de los países de la región.
“La CIDH acaba de instar al Estado boliviano, que a través de las instancias competentes, garantice las Elecciones Judiciales (…) hace un llamado a la Asamblea Legislativa a entrar en consenso para llevar adelante la preselección bajo los estándares de ‘acceso igualitario e incluyente a todas las personas candidatas; calificación con base en méritos y capacidades profesionales; así como la participación de la sociedad civil para un efectivo control social’”, remarcó el titular de Justicia en sus redes sociales.