Médicos van al sexto día de paro de actividades en demanda de la anulación de la Ley de Emergencia Sanitaria y gobierno afirma que se protegen intereses corporativos o de grupo

Personal de la Defensoría visitó 54 establecimientos en todo el país y verificó que 43 de ellos trabajaban con normalidad, es decir el 80%, y que los restantes 11 (el 20%) acataron la medida de presión: la mayoría de los cuales (seis) pertenecen a la CNS y cinco al sistema público. En esta jornada, los servidores defensoriales llegaron a 10 centros de primer nivel, 12 de segundo nivel, 16 de tercer nivel y 16 de la CNS.

Médicos entran al sexto día consecutivo de paro de actividades en demanda de la anulación de la Ley de Emergencia Sanitaria, sin acercarse una solución. La noche de esta martes marcharon por el centro paceño junto al Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), en tanto que el Gobierno mantiene su rechazo a la exigencia de los galenos.

Mnistro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que el 69% del personal de salud está trabajando con regularidad y muchos del restante 31% son obligados a paralizar actividades, por lo advirtió que se está “haciendo un relevamiento de información para proceder conforma norma”

El pasado martes, diferentes sectores médicos marcharon por el centro paceño con pancartas y estribillos exigiendo abrogar la norma que, a través del Colegio Médico de Bolivia, habían avalado en un principio con la firma de un acuerdo, ahora desconocido.

De la protesta participó el Conade, instancia que fue parte de las protestas que derivaron en noviembre de 2019 en la renuncia del expresidente Evo Morales. “Yo apoyo a los médicos bolivianos”, reza una de las pancartas.

El viernes empezó el paro que se extenderá hasta el domingo 28. La ley a la que se oponen regula los precios de los medicamentos y de los servicios de clínicas privadas, acelera pasos para contratar personal médico que haya estudiado fuera o dentro de Bolivia y prohíbe la suspensión de los servicios de salud durante una emergencia como la generada por el COVID-19.

Desde el Gobierno, el ministro de Salud, Jeyson Auza, convocó a la dirigencia de los médicos a debatir sus observaciones en la reglamentación de la norma promulgada por el presidente Luis Arce.

Por tercera vez, la Defensoría del Pueblo verificó que el 80% de los establecimientos de salud del sistema público y de la Caja Nacional de Salud (CNS) visitados no acatan el paro médico convocado por el Consejo Nacional de Salud (Conasa).

Vocero presidencial Jorge Richter consideró este lunes que la realización de un paro médico para proteger intereses corporativos o de grupo en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19 “no es correcto”.

“Hay momentos en que no se puede utilizar una emergencia para tratar de lograr beneficios que protegen algunos intereses corporativos o de grupo. Eso no es correcto”, dijo en una entrevista con RTP y reproducida por la estatal ABI.

El denominado Consejo Nacional de Salud (Conasa) instruyó al sector médico realizar un paro general hasta el 28 de febrero en demanda de que se abrogue la Ley de Emergencia Sanitaria.

Según Richter, la población precisa ahora certidumbre respecto a la garantía de que contará con la atención necesaria cuando llega a un centro médico en este tiempo de “profunda emergencia” por el COVID-19.

“No necesita que sólo la emergencia esté atendiendo”, sentenció.

El Vocero Presidencial recordó que la población precisa en este momento la continuidad del trabajo de los médicos, porque la llegada de millones de vacunas contra el COVID-19 comenzará en los próximos días.