CIDH: "Hay una inclusión y participación sin precedentes, grandes desafíos estructurales a enfrentar y una polarización política que derivó en una fractura en la sociedad que urge ser superada"

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó de forma preliminar que en Bolivia hay una inclusión y participación “sin precedentes”, “grandes desafíos estructurales” a enfrentar y una polarización política que derivó en una “fractura en la sociedad que urge ser superada”.

Cinco días trabajó la misión presidida por Margarette May Macaula en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre. En estos días concretó una serie de reuniones con actores políticos, de la sociedad civil y víctimas de la violación de los derechos humanos con el “objetivo de observar en profundidad la situación de los derechos humanos”.

A 17 años de su última visita, “pudo observar avances en inclusión y participación social sin precedentes”, a partir de la aprobación y vigencia de la nueva Constitución Política del Estado que dio nacimiento al Estado Plurinacional y al modelo económico social comunitario productivo.

“Al mismo tiempo identificó grandes desafíos estructurales que persisten hoy en el país, así como el recrudecimiento de situaciones preocupantes en materia de la violencia partidista, producto de una extremada polarización política, que ha provocado una fractura en la sociedad y que urgen ser superada”, afirmó la comisión. Los cambios que supuso la puesta en vigencia de la Constitución en materia de derechos, inclusión y economía fueron destacados.

“La comisión destaca los avances garantizados por la nueva Constitución de 2009 que fundó un nuevo Estado de derecho multilingüe basado en democracia, en interculturalidad, descentralización y autonomía, así como en la pluralidad política, económica, jurídica, cultural, y lingüística”, afirmó en el informe preliminar leído por la vicepresidenta de la comisión Esmeralda Troitiño.

gobierno de Arce enfrentó desde que asumió el poder una serie de acciones que buscan, según diferentes autoridades, desestabilizar su administración y forzar el retorno de políticos de la derecha y del movimiento cívico que en 2019 provocaron un golpe de Estado que llevó al poder a Jeanine Áñez, gestión en la que se dieron las masacres de Sacaba y Senkata.

También valoró los derechos reconocidos de los pueblos indígenas y la lucha contra la discriminación y racismo, los resultados de las políticas sociales y económicas, como una inflación baja y controlada, en un contexto adverso.

La misión llegó a Bolivia a solicitud del gobierno del presidente Luis Arce, con quien, justamente, se reunieron en la Casa Grande del Pueblo al final del trabajo que empezó el lunes y que acabará formalmente con un informe oficial posterior.

Como resultado de su trabajo, se pronunciaron sobre la polarización política que vive Bolivia. La misión convocó a los líderes políticos y sociales a trabajar en revertir esta situación, porque ha generado una “fractura en la sociedad”.