Semana decisiva para el gobierno entre bloqueos, demandas sociales y la presión política contra el Gobierno

Gobierno entra en una semana decisiva, la crisis evolucionó hacia una disputa política abierta sobre la estabilidad del Gobierno y el rumbo económico del país.

Mientras unos sectores consideran que las protestas reflejan un malestar social acumulado, otros advierten que los pedidos de renuncia presidencial y bloqueo sistemático de ciudades erosionan la legitimidad de las movilizaciones frente a una población cada vez más afectada por el desabastecimiento, la paralización y la incertidumbre.

El país atraviesa uno de los momentos de mayor conflictividad social y política desde el inicio del gobierno de Rodrigo Paz, con bloqueos, marchas y paros que afectan principalmente a La Paz y El Alto, aunque desde la pasada jornada son al menos siete los departamentos afectados por las medidas de presión.

Lo que comenzó como protestas por el combustible, salarios, la Ley 1720 y demandas sectoriales derivó en pedidos abiertos de renuncia presidencial, que transforma la reivindicación sectorial a una disputa política.

La crisis dejó de ser únicamente sindical o económica. El país vive una escalada donde convergen reclamos sociales legítimos, desgaste económico, descontento político y acusaciones cruzadas de desestabilización. Hasta la pasada jornada, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó más de 40 puntos de bloqueo concentrados principalmente en La Paz y Santa Cruz,

En La Paz, epicentro de los conflictos, los cortes afectan rutas hacia Oruro, Perú, Copacabana, Yungas y el norte amazónico paceño. En el altiplano y Yungas continúan bloqueos en Achica Arriba, Patacamaya, Viacha, Río Seco, San Andrés de Machaca y Caranavi, mientras la Central Obrera Boliviana (COB) anunció un paro movilizado indefinido y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) movilizó a sus bases en el centro paceño.

“Seguimos con las medidas de presión”, afirmó el dirigente de la COB, Mario Argollo, quien además acusó al Gobierno de impulsar medidas económicas que “nos van a destruir más económicamente”.  Desde la FSTMB, el dirigente Andrés Paye fue aún más lejos. “Hoy en día el pueblo ya ni siquiera está planteando un tema, sino que está planteando ya el alejamiento del Presidente”, sostuvo.

Comenzaron protestas con demandas puntuales: escasez de diésel y gasolina, combustible adulterado, incremento salarial, creación de ítems en educación y rechazo a la Ley 1720 sobre conversión de tierras; pero en el transcurrir de los días, el discurso cambió. El dirigente campesino Alejandro Yura declaró a EFE que su sector “ya no busca diálogo, sino la renuncia” del mandatario y aseguró que pelearán “hasta las últimas consecuencias”.

En El Alto, Yungas y distintos puntos del altiplano comenzaron a aparecer pancartas y consignas que exigen la salida de Rodrigo Paz e incluso plantean que el vicepresidente Edmand Lara asuma el mando y convoque a elecciones; ese giro de la demanda abrió también un debate político sobre la legitimidad del conflicto.

Sectores opositores sostienen que las protestas expresan el deterioro económico y el malestar social acumulado.

Pero gobierno afirma que existe una estrategia de desestabilización impulsada por sectores afines al evismo y antiguos grupos de poder sindical. El presidente Rodrigo Paz Pereira habló el pasado fin de semana de un “sicariato contra la democracia” y acusó a actores políticos de intentar “retomar prácticas de autoritarismo y corrupción”.

La crisis de combustibles es el núcleo más sensible del conflicto. Sin embargo, este problema es ahora acuñado por sectores movilizados que no tienen ligazón con el sector del transporte y si bien este en principio había amenazado con tomar medidas de hecho como el bloqueo de carreteras y cierre de fronteras, en los pasados días llegó a un acuerdo con el gobierno y retiró las advertencias, La paradoja en la actualidad es que este gremio es el más afectado por los bloqueos.

Productores y empresarios alertan sobre el costo económico de los bloqueos. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) estimó pérdidas de entre 50 y 60 millones de dólares diarios. Entre tanto, en La Paz y El Alto ya comienzan a sentirse señales de desabastecimiento ya que vecinos y comerciantes reportan dificultades para conseguir pollo, carne, huevos y otros productos básicos provenientes del norte de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Y si se los consigue uno debe erogar el doble o triple de lo que pagaba hace apenas 10 días.

Gobierno activó un puente aéreo para trasladar carne desde el oriente, pero, según las estimaciones, la cantidad de pollo y res que llega a la sede de Gobierno no satisface ni el 10% de la demanda, tuvo que evacuar ciudadanos peruanos afectados por los bloqueos, porque la Terminal de Buses de La Paz acumula más de nueve días con salidas suspendidas hacia distintos destinos nacionales e internacionales.

Educación, maestros urbanos y rurales mantienen protestas por ítems, salarios y rechazo a políticas oficiales. En varias ciudades incluso hubo maestros encadenados en oficinas educativas que exigían atención a sus demandas durante el paro de 24 horas sostenido el lunes.

Magisterio rural continúa con las medidas de presión y no descarta escalar estas si sus demandas no son atendidas. La reunión en Cochabamba es clave para la desmovilización de este grupo.

Sectores productivos y transportistas comenzaron a cuestionar las medidas de presión. El dirigente de Adepcoca, Daynor Choque, pidió intervenir bloqueos y afirmó que detrás de las movilizaciones existen sectores “acostumbrados a vivir del Estado”.

Desde Fedecomin, Norberto Sánchez, advirtió que cooperativistas podrían salir a desbloquear si continúan los cercos. “No tenemos alimentos, no tenemos diésel, realmente se nos está prohibiendo el derecho al trabajo”, sostuvo.

La Paz se convirte en el principal escenario del conflicto. Mientras organizaciones sociales radicalizan medidas, parte importante de la población comienza a expresar cansancio y rechazo frente a los bloqueos.

Ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, afirmó que la población está “cansada” de que “unos pocos decidan bloquear para desestabilizar gobiernos”. Entre los paceños y alteños crece la preocupación por el abastecimiento y el impacto económico diario.