La Paz 02 de Octubre de 2025, 18:35
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Jeanine Áñez fue imputada formalmente por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves por la masacre de Senkata ocurrida en noviembre de 2019
A mediados de enero, el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto definió que Áñez sea juzgada penalmente y no en un juicio de responsabilidades
publicado en 19 / Apr / 23Ex senadora Jeanine Áñez fue imputada formalmente por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves en grado de autoría en el marco a las investigaciones que se realizan en la vía ordinaria por la masacre de Senkata ocurrida en noviembre de 2019.
“La imputada, al encontrase en el nivel de decisión y mando, tenía el control absoluto respecto a toda la estructura organizada de poder. Es en este nivel que se asumieron las decisiones en cuanto al despliegue de unidades policiales y militares en un contexto de operaciones conjuntas”, señala el documento de la comisión de fiscales presentado ante un juez de la causa de El Alto.
La comisión de fiscales presentó la imputación formal ante el Juzgado Penal Cautelar Primero de El Alto. La Fiscalía solicita que la imputada tenga una detención preventiva de seis meses en el penal de Miraflores, mientras se realizan las investigaciones.
De acuerdo con las pesquisas, el 19 de noviembre de 2019 se registraron los hechos de violencia que derivaron en una decena de fallecidos, por impacto de bala, y 31 heridos. Cuatro días antes se registró la masacre de Sacaba, en Cochabamba.
A mediados de enero, el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto definió que Áñez sea juzgada penalmente y no en un juicio de responsabilidades.
En los violentos sucesos en distintos puntos del país 37 personas perdieron la vida, cientos resultaron heridos y se reportaron miles de detenciones ilegales y violaciones de los derechos humanos.
En la imputación formal el Ministerio Público fundamentó que Áñez fue responsable de las muertes porque emitió el decreto 4078 que habilitó las operaciones conjuntas entre las Fuerzas Armadas y la Policía “frente a una protesta pacífica”.
“Como capitana general de las Fuerzas Armadas y con mando absoluto en el caso de la Policía Boliviana, en fecha 19 de noviembre de 2019 procedió a la represión de sectores sociales en la ciudad de El Alto, en proximidades de la planta YPFB-Senkata, y personas civiles desarmadas, quienes ejercían su derecho a la protesta pacífica, por lo que se tiene demostrado el uso de fuerza innecesaria y desproporcional por parte de las fuerzas del orden”, detalla la imputación.
