Respecto a los casos de censura destacan dos sucedidos en un mismo hecho. El 29 de enero de este año se conoció que el juez de Sentencia Penal 13º de la ciudad de La Paz, Edwin Blanco, ordenó a dos periodistas deportivos de Santa Cruz, Jaime Vega y Fernando Nürnberg, a suspender la publicación de material informativo y retirarlo de las redes sociales
De acuerdo con el monitoreo de vulneraciones realizado por este Observatorio, se registraron en los dos primeros meses de este año: 10 casos de agresión a periodistas, seis de impedimento de acceso a la información, tres de amenaza, tres de estigmatización, tres de censura y dos de ataque a un medio de comunicación.
En lo referido a casos de agresión a periodistas resaltan tres casos sucedidos en Cochabamba: la intervención municipal a una fiesta de una fraternidad folklórica que derivó en la reacción violenta de las personas del local que agredieron, además, a un periodista de la Red Uno (6/01/2022). También el caso del bloqueo al ingreso del botadero de K’arak’ara, donde personas en contra de la vacunación contra el Covid-19 agredieron a periodistas del diario Los Tiempos (18/01/2022) y la agresión a un equipo de la red ATB por un grupo de trabajadores de la hilandería Hilsend S.A., que los retuvo contra su voluntad al interior de sus instalaciones y pincharon las llantas de su movilidad (08/02/2022). También está el caso del periodista de UNITEL, Vladimir Rojas, quien fue golpeado por manifestantes que rechazan la vacunación contra el Covid-19 en la ciudad de El Alto (19-01-2022).
Sobre el impedimento al acceso a la información sobresalen, por un lado, el caso de la compra de ambulancias en Potosí, en el que el secretario departamental jurídico, Rubén Moisés Miranda, restringió información al periodista y director del diario El Potosí, Juan José Toro, bajo el argumento de que no contaba con un «interés legítimo» para obtener la información (13/02/2022). Por otro lado está un comunicado de las Cámaras de Senadores y Diputados que limitaba el acceso a sesiones y conferencias a periodistas con el argumento de que se requería una «previa coordinación» con las direcciones de comunicación de ambas cámaras. Horas después se dejó sin efecto el mismo (25/01/2022).
Se registraron tres casos de amenaza, dos de ellos en Potosí. Un periodista del diario El Potosí recibió amenazas por Facebook. Según el diario, por la publicación de «información respecto a las irregularidades en contratos de la Gobernación» (29/01/2022). Un segundo caso fue la llamada entre el alcalde de Potosí, Jhonny Llally, y el periodista de radio Fides, Juan Orellana, a quien acusó de que «alguien le está pagando» por su rol de informar sobre supuestos actos de corrupción (20/01/2022). El tercer caso fue en contra del diario El Deber de Santa Cruz, cuando un grupo de «antivacunas» fueron a protestar frente al edificio del medio. No solo interrumpieron las actividades administrativas por el lapso de una hora y media, sino que amenazaron al personal de seguridad de la casa periodística (05/01/2022)
En los casos de estigmatización, sobresale la declaración del gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, quien, durante un acto público realizado en el municipio de Uncía, llamó «cártel de la mentira» a los medios de comunicación por difundir las denuncias en su contra por la compra irregular de 41 ambulancias (02/02/2022).
Respecto a los casos de censura destacan dos sucedidos en un mismo hecho. El 29 de enero de este año se conoció que el juez de Sentencia Penal 13º de la ciudad de La Paz, Edwin Blanco, ordenó a dos periodistas deportivos de Santa Cruz, Jaime Vega y Fernando Nürnberg, a suspender la publicación de material informativo y retirarlo de las redes sociales, tras admitir como válida una acción de libertad presentada por el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa Sarmiento. El material informativo era relativo al dirigente deportivo Gary Suárez Bazadre, de quien se indica, negociaba un monto de dinero que supuestamente pretendía recibir de Costa.
Sobre los dos casos de ataques a medios de comunicación, está el robo de contraseñas que sufrió la Agencia de Noticias Fides (ANF) a inicios de enero. Este tipo de ataques, según esta agencia, son reiterativos y se suman a otras que buscan interrumpir sus actividades informativas. El otro caso fue en contra de radio Panamericana, que sufrió la destrucción del cableado de la línea de transmisión que tenía bajo tierra, esto por parte de avasalladores que pretendían tomar sus terrenos cerca de la zona de Achachicala en La Paz (06/01/2022).
El Observatorio de Defensores de UNITAS visibiliza la dinámica de las Organizaciones de la Sociedad Civil y los/las defensores/as de derechos, para denunciar y prevenir restricciones a los derechos civiles y políticos. Realiza diariamente un monitoreo sobre hechos que vulneran las libertades fundamentales y los derechos de grupos específicos que puede ver en la siguiente dirección: https://redunitas.org/observatorio/