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Unión Internacional de Magistrados manifiesta su "profunda" preocupación por la prórroga de mandato
La autoprorroga "puede dar lugar a una violación al principio del juez natural previsto por la Convención Americana y por ende socavar el Estado de derecho, generando incertidumbre y poniendo en riesgo la legitimidad de los más altos tribunales de justicia" afirmaron
publicado en 28 / Nov / 24Unión Internacional de Magistrados (UIM), a través del Grupo Iberoamericano (IBA), manifestó su “profunda preocupación” ante la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Unión Internacional de Magistrados (UIM) es una organización internacional, profesional y apolítica que reúne asociaciones nacionales de jueces y juezas de 92 países y cuyo “principal” objetivo es salvaguardar la independencia de las autoridades judiciales.
Grupo IBA manifiesta profunda preocupación ante el hecho de que el mandato constitucional de seis años de las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional expiró el 31 de diciembre de 2023, sin que haya tenido lugar, hasta el presente, la celebración de elecciones judiciales para la conformación de nuevas autoridades”, señala parte del pronunciamiento de esta institución.
La Declaración Constitucional 0049/2023 del 11 de diciembre de 2023 dispuso la prórroga de mandato de los altos cargos del Tribunal Supremo de Justicia, Tribuna Agroambiental, Consejo de la Magistratura y del TCP de “manera excepcional y temporal hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades” del Órgano Judicial.
En el pronunciamiento, emitido el martes 26 de noviembre, el Grupo Iberoamericano de la UIM señaló también que la prórroga de mandatos, “por tiempo indeterminado”, dispuesta por el TCP, a través de la Declaración Constitucional 0049/2024, “puede dar lugar a una violación al principio del juez natural previsto por la Convención Americana y por ende socavar el Estado de derecho, generando incertidumbre y poniendo en riesgo la legitimidad de los más altos tribunales de justicia”.
Se exhortó a las autoridades bolivianas a que “emprendan” todos los esfuerzos necesarios para que finalmente se lleven a cabo las elecciones judiciales programadas, “cumpliendo así lo que determina la Constitución del país”.
A ello, recordó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), en su Art.8.1, “Garantías Judiciales”, establece que “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.
