La Paz 15 de Febrero de 2026, 07:04
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Oficialismo y oposición del Senado aprueban en grande y detalle el proyecto de ley de regulación de la preselección y habilitación de postulantes a magistrados para las elecciones judiciales
Se prevé 15 días para presentación de postulaciones, 10 días para verificación de requisitos, dos días para impugnaciones, cuatro días para resolución de las impugnaciones, entre otros
publicado en 31 / Aug / 23Pleno de la Cámara de Senadores aprobó este jueves, en sus estaciones grande y detalle, y por dos tercios de voto el proyecto de ley de regulación de la preselección y habilitación de postulantes a magistrados de las elecciones judiciales.
La nueva norma emerge fruto de los consensos alcanzados previamente entre los representantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos quienes se reunieron para elaborar una nueva redacción.
De acuerdo con el nuevo cronograma, se prevé 15 días para la presentación de postulaciones, 10 días para la verificación de los requisitos, dos días para las impugnaciones, cuatro días para la resolución de las impugnaciones, entre otros.
El artículo 7 de la norma establece que las universidades públicas y privadas, los Colegios de Abogados y de Auditores o Contadores Públicos, fundaciones y organizaciones civiles, empresariales, entre otras, podrán acreditar a un representante como veedor y fiscalizador de la fase de preselección.
La Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de su presidencia, invitará a representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que participen en calidad de igual manera como veedoras del proceso, según el artículo 8.
Luego de concluir la sesión, la primera vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Gladys Alarcón, pidió que la Cámara de Diputados pueda aprobar la norma con celeridad para viabilizar los comicios que permitan cambiar a las actuales autoridades judiciales.
Desde el 27 de abril el proceso se encuentra paralizado por una acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por el diputado de Creemos, Leonardo Ayala, contra el nuevo reglamento y la convocatoria de la preselección judicial.
