La denuncia será "directamente contra el Gobernador porque él es la cabeza, es el máximo representante del departamento y de hecho él personalmente vino acá a dejar esos productos, entonces las acciones legales que vamos a tomar son contra él" apuntó viceministro Jorge Silva
“El hecho de realizar un diagnóstico a la población con pruebas que estén vencidas y que no tengan la efectividad correspondiente, se constituye en un atentado a la salud pública sobre todo en un momento tan complejo como el que estamos viviendo”, dijo ministro de Salud, Jeyson Auza.
Ministros de Justicia, Iván Lima, y de Salud, Jeyson Auza, consideraron que es un atentado contra la salud pública la entrega de pruebas de COVID-19 con fechas de vencimiento caducas por parte de la Gobernación de Santa Cruz a los municipios de Cuatro Cañadas, San Julián y San Ramón.
Ministro Lima ratificó que ese hecho se “constituye en un delito contra la salud pública, que es un delito de orden público”, “en este momento estamos en el proceso de investigación y este trabajo tiene que concluir determinado cuál es la responsabilidad; no es admisible que se juegue con la salud del pueblo boliviano», subrayó el Ministro de Justicia.
Por su parte viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, afirmó que “es alarmante y vergonzoso referirse a este tipo de hechos”, acusó este martes a algunos medios de comunicación, que en su criterio “acompañaron el golpe de Estado” de 2019, de mantener un “silencio cómplice” en el caso de la entrega de pruebas de COVID-19 con fechas vencidas de parte de la Gobernación de Santa Cruz a dos municipios de ese departamento.
“Es muy peligroso lo que ha sucedido en San Julián y Cuatro Cañadas, no podemos perder de vista este tema, (aunque) yo he visto que algunos medios, especialmente aquellos que acompañaron el golpe de Estado, guardan un silencio cómplice”, dijo.
Consideró que si el gobernador involucrado en este hecho hubiera sido de las filas del Movimiento Al Socialismo (MAS) en este momento este tema ocuparía sus principales titulares de esos medios de comunicación.
“Pero como en este caso la autoridad (es decir el gobernador Fernando Camacho) es un personaje que está alineado a ciertos sectores empresariales, a ciertos sectores de medios de comunicación, este tema pasa desapercibido o por lo menos ese es el intento que se está realizando y, por lo tanto, creo que no debemos guardar ese silencio cómplice y hay que denunciar, investigar, procesar y sancionar, indistintamente de quien sea”, insistió Silva en un contacto con Bolivia TV.
El pasado domingo, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional anunció “una investigación exhaustiva hasta encontrar las verdaderas causas y responsabilidades” de la administración de pruebas de antígeno nasal vencidas en los municipios de Cuatro Cañadas y San Julián.
La cartera de Justicia advirtió que “esta peligrosa irregularidad” se constituye en “un grave atentado a la salud de los habitantes” de los municipios donde se entregaron las pruebas con fecha vencida.
Asimismo, el Ministerio de Justicia, mediante un comunicado, afirmó que las “disculpas” y el anuncio de “auditoría” resultan insuficientes en relación al peligro provocado.
La entrega de pruebas de anticuerpos para detectar el coronavirus que fueron entregadas vencidas a los municipios de San Julián, San Ramón y Cuatro Cañadas desencadenó una auditoría interna dentro de Servicio Departamental de Salud (Sedes) y que varios funcionarios sean removidos de su cargo.
Entre tanto, alcalde de San Julián, Willy Calderón, ratificó este martes que presentará un proceso penal en contra del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por la entrega de pruebas de COVID-19 con la fecha de vencimiento caducada.
La denuncia será “directamente contra el Gobernador porque él es la cabeza, es el máximo representante del departamento y de hecho él personalmente vino acá a dejar esos productos, entonces las acciones legales que vamos a tomar son contra él”, dijo la autoridad local.
Calderón explicó que las pruebas de antígeno nasal fueron entregadas por la Gobernación el 17 de junio junto con otros productos y durante el registro de lo recibido los técnicos de la alcaldía se percataron que su fecha de vencimiento era el 23 de mayo.
Según el alcalde, las mismas entregas se realizaron a los municipios de Cuatro Cañadas y San Ramón. Aunque de esas poblaciones “yo no tengo el número (exacto de las pruebas otorgadas), pero en San Julián son 190”, precisó.