"Y hasta el 12 de mayo ya debería entregarse las adjudicaciones" de los depósitos y créditos a las entidades financieras "ganadoras" en función de un proceso transparente
"Son unas 700 oficinas a las que hemos llegado para hacer el respectivo trabajo de revisión, verificación de inventario y también para chequear que todas las cosas estén bien controladas a partir de la intervención", informó el interventor Carlos Colodro.
Más de 500 oficinas del Banco Fassil en Santa Cruz y 200 en el resto del país están bajo fiscalización y controladas, informó este domingo el interventor. La ASFI intervino el 26 de abril el banco y designó a Colodro como interventor del Estado ante la entidad financiera.
La intervención responde al incumplimiento en el pago de una y más obligaciones contraídas con sus clientes. La autoridad dijo que el control de las oficinas de puntos de atención de la entidad es “tremendamente grande” y que están precintadas y con seguridad pública que las custodia. De acuerdo con la Asfi, a través de la intervención al Banco Fassil se precautela los ahorros de los depositantes.
El inventor dijo que en el marco de la Ley 393 de Servicios Financieros se trabaja en un “procedimiento de solución” que consiste en el envío de cartas de invitación a todas las entidades financieras para que presenten propuestas para adjudicarse una parte de los depósitos en Fassil.
“El procedimiento de solución consiste en proteger los depósitos del público”, precisó. Dijo que ahora se deberá determinar que los ahorros y las deudas se transfieran a otra entidad financiera.
“Y esto funciona a través de una compulsa, se hacen invitaciones a las diferentes entidades de intervención financieras y las que tengan interés, obviamente, presentaron sus propuestas”, explicó.
Se prevé que en función a las propuestas, las entidades se adjudiquen tanto ahorros como deudores. Todo este proceso, dijo, tiene un calendario. A partir de esa fecha se procederá a la migración de datos de Fassil a las entidades “ganadoras”. “Y hasta el 12 de mayo ya debería entregarse las adjudicaciones” de los depósitos y créditos a las entidades financieras “ganadoras” en función de un proceso transparente.