La Paz 23 de Febrero de 2026, 03:23
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A pesar del error y disculpas de la Viceministra Andrea Barrientos, el presidente del TSJ se suma a las críticas sobre la distribución 50/50
Con las declaraciones de Barrientos se logra evidenciar claramente la tensión estructural entre promesa electoral y arquitectura fiscal. El 50-50 sintetiza una aspiración histórica de mayor autonomía financiera, pero su implementación implica revisar pacto fiscal
publicado en 23 / Feb / 26Recordemos que la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, a través de un video en redes sociales, pidió disculpas sobre sus declaraciones sobre la distribución del 50/50 para las regiones.
"Cometí un error", reconoció este jueves, un día después de su declaración que provocó rechazo en Santa Cruz, en declaraciones a un medio cruceño, Barrientos se refirió a los plazos y la forma en la que se aplicaría la propuesta de Paz sobre la distribución de los recursos estatales bajo el modelo de 50% para el nivel central del Estado y el otro 50% para las regiones.
Declaraciones provocaron rechazo en Santa Cruz. Por ejemplo, el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, señaló que estas palabras y el tono hacen recordar "lo peor de la burocracia centralista". Barrientos reconoció que sus palabras provocaron rechazo en Santa Cruz y dijo que se está trabajando que el 50/50 sea una realidad.
Las críticas
Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, a través de un video difundido en su red social Facebook, pidió al presidente del Estado Rodrigo Paz considere el clamor de las regiones que se vieron afectadas por el comentario de la viceministra de Autonomía, Andrea Barrientos, sobre sobre la distribución del 50/50.
“Durante 20 años en nuestro país se sembró división, discriminación, racismo y justamente la viceministra viene a ahondar esas heridas del pasado, mientras el presidente Rodrigo Paz está construyendo puentes, está tratando de sanar esas heridas del pasado y unificar la bolivianidad” mencionó Saucedo.
Manifestó que aplaudirá las cosas buenas de la gestión de Paz, pero también será crítico cuando algo no este bien. “No puede una viceministra que está por debajo del presidente ir en contra ruta de lo que él está trazando por el bien de todos los bolivianos”, remarcó Saucedo.
Ante este incidente, pidió al presidente que considere el clamor de las regiones que emanan lo que es correcto. “No deje que funcionarios subalternos a usted empañen su gestión y no acompañen esa construcción del puente que usted está realizando”, concluyó la autoridad judicial.
Gobernador cruceño y candidato a la reelección, Luis Fernando Camacho, afirmó que “el 50-50 fue un compromiso directo con las regiones, no una propuesta condicionada”. Añadió que “cuando se pidió el voto se habló de redistribución clara y concreta, no de reinterpretaciones posteriores”. En otra declaración, sostuvo que “Santa Cruz ha demostrado capacidad de gestión y lo que necesita son recursos justos, no explicaciones técnicas que diluyen lo prometido”.
Señaló que, “si el Gobierno cree en la autonomía, debe demostrarlo con decisiones firmes y no con matices”, y remarcó que la redistribución fiscal “no puede quedar sujeta a cálculos políticos ni a tiempos administrativos que postergan soluciones”.
También el Comité pro Santa Cruz se sumó a la crítica institucional, señalando que las declaraciones de la viceministra contradicen el espíritu de la propuesta inicial y pidió la renuncia de la autoridad. La presión política escaló rápidamente en redes sociales y en pronunciamientos públicos.
Frente a ello, el Ministerio de la Presidencia emitió un comunicado institucional en el que reconoció que una expresión utilizada por Barrientos constituyó “un error de comunicación que no refleja la posición política ni institucional del Gobierno Nacional”.
El documento reafirma el compromiso de avanzar hacia un modelo autonómico basado en el respeto a las regiones y la corresponsabilidad, y aclara que el Viceministerio de Autonomías cumple funciones de coordinación y armonización normativa, no de control político.
Se logra evidenciar claramente la tensión estructural entre promesa electoral y arquitectura fiscal. El 50-50 sintetiza una aspiración histórica de mayor autonomía financiera, pero su implementación implica revisar pacto fiscal, competencias constitucionales, sostenibilidad presupuestaria y capacidades administrativas diferenciadas entre municipios grandes y pequeños.
A pocas semanas de los comicios, el tema redefine el eje de la campaña autonómica. Para los candidatos, representa una herramienta discursiva que proyecta expansión de recursos; para el Ejecutivo, una reforma que exige gradualidad y corresponsabilidad institucional.
En ese marco, la controversia también abre otra interrogante política: si una diferencia en el enfoque técnico de implementación justifica la exigencia de renuncias en medio de un proceso electoral o si el núcleo de la discusión debería concentrarse en cómo convertir la promesa del 50-50 en un esquema viable, transparente y sostenible. La respuesta, más allá de la coyuntura, marcará el tono del relacionamiento entre el Gobierno central y las futuras autoridades autonómicas.
