Como confiar en los jesuitas, si una veintena de víctimas de pederastia denunciaron a la Compañía de Jesús de Bolivia por encubrir las violaciones
Compañía de Jesús evito emitir algún criterio por la determinación judicial en contra de dos sacerdotes vinculados a los abusos sexuales que cometió el jesuita (+) Alfonso Pedrajas, sin embargo, consideró que ambos curas tienen más de 80 años y “no existe riesgo de fuga”.
En la audiencia cautelar de este jueves, el Juzgado de Instrucción contra la Violencia hacia la Mujer Nº 1 de Coña Coña, Cochabamba, determinó la detención domiciliaria para Marcos R., de 81 años, y Ramón A., de 83.
Mediante un comunicado, la institución religiosa hizo notar que “no existe ningún riesgo ni posibilidad de fuga y/o de obstrucción de la justicia por parte de los sacerdotes” Marcos R., y Ramón A. ya que son dos adultos mayores. “con salud frágil y un largo historial de servicio al país y a la Iglesia Católica”.
“Ambos se han puesto en todo momento a disposición de la justicia y han colaborado decididamente en las investigaciones del Ministerio Público, tanto por voluntad propia y representados por sus abogados, como por decisión de la Compañía de Jesús, a la que normativamente pertenecen y en cuya Casa “La Esperanza” de Cochabamba tienen residencia fija, junto a otros sacerdotes ancianos.”, sostiene el documento.
Bolivia imputa a dos altos cargos de los jesuitas por encubrir el caso del diario del cura pederasta. La Fiscalía acusa a los españoles Marcos Recolons y Ramón Alaix de proteger al sacerdote Alfonso Pedrajas, ya fallecido, quien admitió en sus memorias que abusó de al menos 85 menores con el amparo de sus superiores
Para ambos religiosos, la autoridad jurisdiccional dispuso además la prohibición de comunicarse con determinadas personas y el arraigo para ambos religiosos.
Recordemos que una veintena de víctimas de pederastia denuncia a la Compañía de Jesús de Bolivia por encubrir las violaciones. Los denunciantes, que sufrieron abusos entre 1973 y 1995 en varios colegios dirigidos por la orden, consideran que estos delitos son “de lesa humanidad” e “imprescriptibles”, según los estatutos aprobados por las Naciones Unidas.