La Paz 15 de Noviembre de 2026, 06:12
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Fiscalía de La Paz acepta denuncia contra Camacho, Calvo y Cuéllar a escasas horas del cabildo en Santa Cruz
Juan Carlos Camacho, abogado del gobernador cruceño, sostuvo que la denuncia no corresponde, dado que los hechos denunciados tendrían que ser investigados en la ciudad de Santa Cruz
publicado en 13 / Nov / 22Fiscalía de La Paz aceptó una denuncia presentada por la Central Obrera (COR) de El Alto contra las principales cabezas del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo 2023, Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz; Rómulo Calvo, presidente del Comité Pro Santa Cruz y Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm).
La acusación que fue presentada el 11 de noviembre y aceptada ese mismo día por la Fiscalía paceña, también pide activar la alerta migratoria contra los tres líderes que enarbolan el pedido de la gran encuesta para el 2023.
Este hecho se lo conoce a pocas horas de la realización del cabildo en el que se decidirá las medidas a seguir, luego de que el Gobierno definiera el 23 de marzo de 2024 como fecha definitiva del censo y no en 2023, como exige el paro indefinido que este domingo cumple su jornada 23.
La denuncia que presentó el secretario ejecutivo de la COR alteña, Juan Marcelo Mayta Huanca, es por ochos delitos entre los que se encuentran: resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, atentando contra el presidente y otros dignatarios, además de violencia política contra las mujeres, racismos y discriminación, atentado contra la libertad de trabajo.
Juan Carlos Camacho, abogado del gobernador cruceño, sostuvo que la denuncia no corresponde, dado que los hechos denunciados tendrían que ser investigados en la ciudad de Santa Cruz. El jurista denunció que esta acción obedece a una persecución política del Gobierno en contra de los principales líderes cruceños.
El paro indefinido por el censo fue desacreditado por el Gobierno y sus sectores afines, que la catalogaron de política, obligatoria, brutal y que afecta a los sectores más pobres del departamento. Estos sectores sociales, incluso protagonizaron un cerco a la capital oriental, protesta que fue justificada por autoridades de Estado.
A esto sumaron marchas y desbloqueos de calles de la ciudad que generaron fricciones y que desencadenó en violencia y actos de vandalismos dejando como resultado daños en la Central Obrera Departamental (COD) y la quema de la sede la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos.
