La Paz 21 de Noviembre de 2024, 09:55
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Delitos de trata y tráfico de personas se incrementan un 49,76% a comparación del 2022
De acuerdo con los datos oficiales, La Paz fue el departamento que más denuncias registró en 2022 con 395 casos atendidos
Ley contra la violencia, el alcance de la ley, sobre si protege solo a mujeres o también a varones, fue uno de los temas más observados por las organizaciones. La senadora Laura Párraga, del MAS, pidió que las modificaciones a la norma también alcancen a la protección a los varones.
Bolivia es uno de los países de la región que tiene los índices más altos de feminicidios. En el país, cada cuatro días una mujer deja de vivir producto de la violencia machista. La mayoría de las víctimas había denunciado a sus agresores, pero la justicia solo emitió órdenes de alejamiento y no detenciones preventivas. Exigen que haya más seguimiento a estos casos.
En Bolivia, la trata y tráfico de personas es el delito que más incremento tuvo en comparación a 2022. En esta gestión, entre enero y agosto, se atendieron 626 denuncias de trata y tráfico de personas, mientras que en el mismo periodo del año pasado solo hubo 418 casos.
Eso significa que este delito tuvo un aumento de 49,76%. Mientras, las denuncias que más se atienden en el país son las de violencia familiar.
Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas, que depende del Ministerio de Gobierno, emitió un informe sobre las denuncias que se realizaron en el país entre enero y agosto de este año.
El departamento de Santa Cruz es la región donde más casos se atienden. Según esta entidad, en este periodo se realizaron 626 denuncias de trata y tráfico de personas, un 49,76% más en comparación a la misma etapa del año pasado, cuando se presentaron 418 demandas.
La Defensoría del Pueblo exigió al Gobierno más atención a la problemática de la trata y tráfico de personas. Esta entidad consideró que este tema no debe ser considerada un fenómeno únicamente delictivo, sino como un hecho que “conlleva graves violaciones a los derechos humanos, que implica una vulneración sistemática de los derechos humanos, porque atenta a la libertad, integridad, vida, dignidad y otros derechos personalísimos de las víctimas. Combatirlo constituye una función esencial del Estado”.
Años atrás las noticias mostraban que personas reclutadas en Bolivia eran llevadas hasta Buenos Aires, Argentina, para trabajar en condiciones de esclavitud en talleres de costura, pero la búsqueda reciente de una adolescente, reportada como desaparecida en la ciudad de Potosí, sacó a flote que en el país hay redes de trata y tráfico de personas que tienen el mismo modus operandi. El país de destino de estas mafias es Chile.
De acuerdo con los datos oficiales, La Paz fue el departamento que más denuncias registró en 2022 con 395 casos atendidos. Le siguieron Santa Cruz, con 122; Cochabamba, con 104; Tarija, con 33; Oruro, con 20; Beni, con 20; Chuquisaca, con 12; Potosí, con 11; y Pando, con siete.
Este año la situación no cambió. Los casos de trata y tráfico de personas crecieron y una mayoría de estas denuncias están vinculadas con la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.
Se estima que, por cada víctima identificada, existen 20 más que permanecen en el anonimato, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).
De acuerdo a un informe de la Defensoría del Pueblo, que fue publicado el 30 de julio de 2023, cuando se celebró el Día Mundial Contra la Trata de Personas, entre las entidades más denunciadas por la falta o inadecuada atención de casos vinculados a trata de personas se encuentra la Policía Boliviana con el 46%, seguida del Ministerio Público con 23% y en 15% las alcaldías.
“Las instancias encargadas de la prevención y persecución de este delito, así como aquellas responsables de la atención y protección integral a las víctimas, no estarían desarrollando sus funciones apropiadamente, situación que preocupa de sobremanera y debe ser superada de manera urgente con medidas integrales, sin escatimar esfuerzos ni recursos presupuestarios”, detalló la Defensoría del Pueblo en un pronunciamiento.
La Fundación Munasim Kullakita, que aborda la problemática de la trata y tráfico de personas, afirmó que en Bolivia se avanzó en la tarea de erradicar este delito, sin embargo, pidió la modificación legislativa para endurecer penas y añadir los delitos digitales, que son el eje de captación de varias víctimas.
“En Bolivia hemos podido avanzar en políticas públicas, pero nos falta la modificación del Código Penal en donde se pueda incluir los delitos digitales”, afirmó Ariel Ramírez, director de Munasim Kullakita.
La mayoría de las víctimas fueron captadas a través de agencias de empleos o por las redes sociales. El Centro de Capacitación y Servicio para la Integración de la Mujer (Cecasem) recoge testimonios de varias víctimas de trata y tráfico de personas y colabora con diferentes instituciones para contrarrestar este delito.
“Es lamentable que en nuestro país ocurran este tipo de hechos. Por ello, es muy importante que todas las instituciones públicas, privadas, juntas vecinales, centros educativos, padres y madres trabajemos de manera corresponsable en la prevención para evitar que se vulnere el derecho a la vida. Es hora de tomar decisiones”, lamentó la directora de Cecasem, Patricia Bustamante.
Según el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas, el delito más denunciado entre enero y agosto de este año fue de violencia familiar, con 22.850 casos.
Le sigue el delito contra la propiedad con 14.131 denuncias, luego delitos contra las personas con 7.711, delitos contra la libertad sexual con 6.129, trata y tráfico de personas con 626, delitos contra la vida con 354 denuncias, delitos contra la libertad con 248, delitos de avasallamientos con 195 y delitos de armas de fuego con 189.
Todas las denuncias, con excepción a las de violencia familiar, tuvieron un incremento de casos referente al mismo periodo del año pasado. La que más subió fue el delito de trata y tráfico de personas.
Santa Cruz es la región con más denuncias presentadas. Entre enero y agosto de 2023 se atendieron 18.855 casos. Le sigue la Paz con 10.650, Cochabamba con 8.216, Tarija con 4.018, Chuquisaca con 3.098, Potosí con 2.828, Beni con 2.310, Oruro con 983 y Pando con 950.
La mayoría de las víctimas de los distintos tipos de delitos son mayores de 18 años: 43.693 de este grupo etario. Mientras que 4.192 son adolescentes entre 12 y 17 años y 1.755 niños o niñas entre cero y 11 años.
Según un informe al que accedió EL DEBER ahora operan siete personas tras una sola mafia dedicada a la trata y tráfico de personas. La mayoría de las víctimas son llevadas a Chile y Perú con fines de explotación sexual, mientras que a Argentina los tratantes llevan a personas para que sean explotadas laboralmente.
Violencia familiar es el delito más atendido, entre enero y agosto de 2023 se presentaron 22.850 denuncias por violencia familiar, la mayoría de estos casos lo sufrieron mujeres y una gran cantidad fue por violencia física. Santa Cruz es la región donde más casos de violencia familiar se registraron.
Según un informe del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas, 21.346 de los casos de violencia familiar fueron cometidos por agresores en estado sobrio, mientras que 944 en estado de ebriedad y 560 posiblemente drogados.
El delito más recurrente en el país es la violencia familiar. Del total de denuncias registradas en oficinas de la Policía, el 46,82% de los delitos de alta connotación social en la última gestión corresponde a este ilícito.
Del Castillo señaló que los datos corroboran que lo “más importante” es la prevención y la concienciación del delito y no así la represión, debido a que la mayoría de los delitos se cometen en el interior de los hogares, donde las fuerzas del orden “no pueden ingresar con facilidad”.
“Cerca de la mitad de los delitos que investiga la Policía Boliviana no ocurren en las calles, no ocurren en una discoteca, en un bar, sino ocurren al interior de nuestros domicilios”, alertó el ministro de Gobierno.
Del total de las denuncias registradas en 2022, el 89,81% tiene como víctima de violencia familiar a mujeres; de ellas el 31,59% oscila entre los 18 y 29 años. similar situación se vivió entre enero y agosto de este año. 20.907 mujeres víctimas de violencia familiar, mientras que 1.808 fue varones.
Los que cometieron estos delitos son 8.352 concubinos, 4.275 otros familiares, 4.088 son exparejas, 3.328 son conyugues, 1.130 son de parentesco por afinidad, 616 son pareja, 597 ex cónyuges, 287 indeterminados y 177 otros.
El 9 de marzo de 2013 se aprobó la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (348), con el fin de disminuir la violencia.
