Áñez pide a Mesa y Camacho que viabilicen el juicio de responsabilidades estos aceptan viabilizar y el MAS habla de prelación y de 2/3

Jeanine Áñez dirigió una carta hoy a los líderes de la oposición, Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana; y Luis Fernando Camacho, de Creemos, en la que les pide que sus bancadas en la Asamblea Legislativa que viabilicen un juicio de responsabilidades con el fin de establecer “la verdad de los hechos” ante el país, sobre los conflictos de 2019.

Busca de esta manera recuperar su libertad, asumir su defensa como corresponde a un expresidente de Bolivia, por  vía de juicio de responsabilidades, pero con la condición de que ella sea puesta en libertad, para estabilizar su salud. 

Eso implicaría eliminar el proceso por el caso Golpe II, que se ventila en la justicia ordinaria. “En un primer reconocimiento judicial al derecho constitucional que me asiste a ser procesada mediante Juicio de Responsabilidades, conforme al Artículo 184.4 de la Constitución Política del Estado y la Ley No. 044/2010, por la presente me dirijo a ustedes a objeto de solicitarles interponer sus buenos oficios, ante los asambleístas legislativos nacionales de sus respectivas agrupaciones políticas, para otorgar viabilidad a los requerimientos acusatorios de juicio constitucional de responsabilidades contra mi persona, con el fin de establecer la verdad de los hechos ante el país”, reza el pedido.

Entre tanto, expresó el líder de Creemos y gobernador Luis Fernando Camacho, el expresidente y jefe de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa dio su visto bueno para apoyar un eventual juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez. Desde el MAS recordaron que se requiere de su voto para un juicio de privilegio y advirtieron que debe tomarse en cuenta la prelación.

“Respondiendo a la demanda de la exmandataria, solicitaré una reunión con el líder de CC Carlos Mesa, para generar las condiciones necesarias a la demanda de la expresidenta, hoy privada de libertad. Estamos ante la posibilidad de reencauzar por la vía correcta los procesos que se le siguen a la expresidenta, reorientando el rumbo injusto y abusivo de la justicia”, señaló Camacho, exlíder cívico y uno de los artífices para el ascenso al poder de Áñez en noviembre de 2019.

“Pondré a consideración de los Asambleístas de la Alianza Comunidad Ciudadana su importante y urgente pedido”, respondió Mesa en parte de una carta pública a Áñez, quien en otra misiva solicitó antes a los jefes de las alianzas opositoras viabilizar los requerimientos acusatorios de juicios de responsabilidades en su contra.

El jefe de bancada de CC Carlos Alarcón aclaró que el contenido de la misiva “claramente señala una respuesta positiva al pedido de la expresidenta”, aunque aclaró que cuando se dé el caso se reunirán los integrantes de la bancada para viabilizarlo.

Mientras que desde el MAS, el diputado Jerjes Mercado aclaró que para un juicio de privilegio se requiere de dos tercios de votos, que no tiene la oposición, y que primero deben resolverse los juicios penales en curso antes de pensar en otro escenario, entre ellos el juicio penal por el caso Golpe de Estado II.

“Hay un tema de prelación, primero es lo primero, aquí hay en curso juicios y esos juicios son cuando ella no era mandataria, cuando hubo el proceso de violación de la Constitución Política del Estado, cuando se autoproclamó Presidenta, violó las normas internas de la Asamblea, esos son los temas por los cuales se la juzga. Después, por su puesto, se puede dar curso a otro tipo de juicios, incluido el de responsabilidades”, respondió el legislador.

En su carta pública, Áñez pidió a la oposición: “Solicitarles interponer sus buenos oficios ante los asambleístas de sus respectivas agrupaciones políticas para otorgar viabilidad a los requerimientos acusatorios de juicio constitucional de responsabilidades contra mi persona con el fin de establecer la verdad de los hechos ante el país”.

Hasta el momento un fallo judicial ordenó que Áñez sea apartada de un juicio penal instaurado en su contra por la designación irregular en la estatal Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), cuando ejercía la Presidencia de Bolivia, y sometida a un juicio de responsabilidades. También está en trámite otro por las masacres de Sacaba y Senkata, donde una veintena de personas que marchaba en apoyo al expresidente  Evo Morales en noviembre de 2019 perdió la vida por impactos de bala en medio de una intervención militar-policial.