Según informe de la Fiscalía los aprendidos habrían elaborado una resolución administrativa autorizando irregularmente adjudicaciones directas de bienes y servicios durante la emergencia sanitaria del Covid-19
Expresidente de YPFB Herland Soliz en un memorial enviado el 14 de junio al fiscal de materia Alexis Vilelaseñala indicaba que despues de su posesión, el 17 de diciembre de 2019, encontró que en la petrolera estatal había dos gerentes inamovibles que eran personal de confianza del actual ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora. También revela que la presidenta Jeanine Áñez tenía conocimiento de esta situación, pero no la objetaba.
El exejecutivo de la petrolera estatal, Áñez presuntamente pidió “flexibilidad” para que no se remuevan estas dos gerencias porque de por medio había un acuerdo político con la agrupación ciudadana Unidos para Renovar (Unir) de Tarija, de la que Zamora es su presidente. Unir apoyó en las elecciones generales del 20 de octubre a la alianza opositora Bolivia Dice No (21F), cuyo candidato a la presidencia era Óscar Ortiz Antelo.
Soliz señala en el memorial que una de sus primeras medidas fue el de coordinar las designaciones con el ministro Zamora, quien, sin embargo, le había indicado que la decisión de que la Gerencia de Contrataciones Corporativa y la General Legal Corporativa “estén bajo su responsabilidad” era de la presidenta Áñez. Este hecho según Soliz provocó un impasse con el Ministro de Hidrocarburos, por lo que sostuvieron una reunión en Palacio de Gobierno con la Presidenta.
“Como es de rigor, es una función tan alta; como primera medida, intenté coordinar con el Sr. Ministro Zamora, sin embargo, él manifestó que era decisión de la presidenta que tales gerencias estén bajo su responsabilidad; las desinteligencias sobre éste y otros aspectos merecieron una reunión en el Palacio con la Sra. Presidente y efectivamente ella apoyó la postura del Sr. Ministro y me pidió flexibilidad para comprender que se requería un acuerdo político de esa naturaleza para garantizar la gestión que estaba en curso (Sic)”, se lee en el memorial presentado a la Fiscalía por el expresidente de YPFB y a la que tuvo acceso la página digital “Detrás de la Verdad”.
Se investiga, una comisión de fiscales investiga un presunto caso de corrupción en la contratación de servicios de seguros para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La investigación también se ha ampliado a todos los contratos que se han celebrado durante la etapa de la cuarentena y que se hicieron al amparo de la Resolución Administrativa 078/2020.
Soliz indica que Zamora no solo conocía el contenido de la polémica resolución sino que participó directamente en su redacción a través de la gerente de Contrataciones Corporativa, A.J.F.I., y de la gerente Legal Corporativa, E.G.C. Ambas funcionarias se encuentran actualmente con detención preventiva por la contratación de un seguro para YPFB.
“La emergencia dispuesta mediante decreto supremo 4199 y la cuarentena dispuesta mediante DS 4200 me encontraron en la ciudad de Santa Cruz y el retorno se ha tornado difícil, pese a ello, mantenía comunicación con las gerencias diariamente desde las oficinas de YPFB de Santa Cruz y en ninguna de esas comunicaciones y reuniones virtuales fui informado que tales funcionarias, y otros que no vienen al caso a esta denuncia, visitaban diariamente al Sr. Ministro, aunque sí supe que había algún grado de coordinación sobre todo con sus asesores técnicos y para la emisión de la resolución 078/2020. Las reuniones virtuales deberían estar grabadas porque YPFB cuenta con ese sistema”, se lee en el memorial.
“Como se puede ver, soy víctima de las circunstancias y manipulación que hace el Sr. Ministro Zamora y las gerentes hoy detenidas, para traspasarme una responsabilidad que no tengo y únicamente para no perjudicar políticamente al Ministro Zamora quien goza de la confianza y recibe todo el apoyo de la Sra. Presidenta, pretendiendo con ello deshacerse de mi persona y tener bajo su control un cargo que por acuerdo político podría encontrarse a cargo de una persona de sus aliados políticos. No duda para ello en utilizar a otra dependencia como es la Unidad de Transparencia de YPFB que también responden de forma directa a él, para operativizar informes, denuncias, querellas, etc”, indica en el memorial.
Fiscal Anticorrupción de la Fiscalía Departamental de La Paz, Alexis Vilela, informó este miércoles que se emitió la orden de aprehensión en contra de siete funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), presuntamente involucrados en casos de corrupción.
Según un informe de la Fiscalía, Gilmar J.P.LL., José A.G.D., Marisol K.J.S., Cristián V.F., Daniel H.P.E., July M.O.C. y Dimelsa V.G.L., habrían elaborado una resolución administrativa que autoriza, de manera irregular, realizar adjudicaciones directas de bienes y servicios durante la emergencia sanitaria del Covid-19.
“Estas siete personas trabajan en el área jurídico legal de la estatal petrolera y hoy se presentaron a prestar sus declaraciones informativas dentro del caso YPFB. Sin embargo, se encontraron suficientes indicios que hacen presumir su participación en el hecho”, informó Vilela.
Ante esta situación, la Fiscalía emitió la orden de aprehensión, que fue ejecutada por efectivos policiales. De acuerdo con las investigaciones preliminares, uno de los contratos observados por la Unidad de Transparencia de YPFB es la contratación directa sin licitación y en plena cuarentena del servicio de "seguros generales" para casos de incendio, preservación de maquinaria, responsabilidad civil, interrupción de negocios y otros para el periodo 2020-2021, por un valor aproximado de Bs 49 millones.
Ministerio Público presume que los aprehendidos, mediante un grupo de whatsapp y reuniones de trabajo, habrían elaborado la Resolución Administrativa N° 78/2020 para posteriormente ser emitida por el expresidente de YPFB, Herland Soliz.
La Resolución Administrativa N° 78/2020 autorizó realizar contrataciones directas durante la cuarentena, hecho que iría en contra de las normas de contrataciones y el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la estatal petrolera.
Vilela adelantó que en las próximas horas se presentará la imputación formal en contra de los siete sospechosos por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.