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Se evidencia irregularidades en funerarias de La Paz se ha visto cadáveres apilados en un cuarto común con basura

Según Viceministro Silva, el resto de las denuncias contra las funerarias tienen relación con incumplimientos de contratos y costos elevados que van desde los 6 mil hasta los 19 mil bolivianos

publicado en 03 / Feb / 21

Viceministro de Defensa del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, realizó este miércoles una inspección a funerarias de la zona de Miraflores de La Paz, donde evidenció las irregularidades denunciadas por la población, tales como, el elevado costo por servicios e incumplimientos de contratos.

“Son más de 18 empresas funerarias que han sido denunciadas en el Viceministerio y vamos a actuar. Son en La Paz y en El Alto”, manifestó a los periodistas.

Se multó a una empresa funeraria con 10 mil Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV’s) por el incumplimiento de las cláusulas de un contrato por un monto de cerca de 2.000 dólares.

Pandemia y escacez; cierran funerarias por falta de ataúdes - Radio Popular  Yacuiba FM 95.1

 

“Por ejemplo, les han ofrecido ataúd, pero directamente meten los cuerpos a la bolsa para la cremación. También les ofrecen salas de refrigeración con relación de los cadáveres, lo que no ocurre, y esto lógicamente encarece el servicio cuando en la práctica esos servicios no son prestados”, aseveró.

Silva indicó que esa empresa tiene un plazo de diez días para pagar la multa y evitar una clausura temporal, además debe devolver el monto de dinero por los servicios no cumplidos. Según Viceministro el resto de las denuncias contra las funerarias tienen también relación con incumplimientos de contratos y costos elevados que van desde los 6 mil hasta los 19 mil bolivianos.

“En otros casos tenemos denuncia de que hay funerarias están depositando los cadáveres en casas particulares, que no cuentan con la sala de refrigeración ni el protocolo de manejo de cadáveres con COVID-19”, agregó.

La autoridad gubernamental dijo que los operativos de control continuarán en La Paz, El Alto y el resto del país, para garantizar el respeto de los derechos de los usuarios de recibir servicios funerarios, en el marco de lo establecido en la normativa nacional.


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