Justicia de Estados Unidos determinó que exministro Arturo Murillo deba pagar más de seis millones de dólares al Estado boliviano, como consecuencia del daño económico en el caso gases lacrimógeno

Abogado Thomas Becker informó que Justicia de Estados Unidos ha determinado que el exministro Arturo Murillo deba pagar más de seis millones de dólares al Estado boliviano, como consecuencia del daño económico en el caso gases lacrimógenos.

Dentro del proceso civil que inició el Estado boliviano contra Murillo, para recuperar el monto afectado por el presunto sobreprecio en la adquisición de los gases durante el Gobierno transitorio.

Según explicó abogado Becker el monto que debe pagar Murillo no sólo es por el daño económico, sino también el tribunal otorgó los costos legales del proceso. 

Justicia de Estados Unidos ordenó al exministro Arturo Murillo el pago de 6,2 millones de dólares al Estado boliviano por el caso compra de gases lacrimógenos con sobreprecio, durante el gobierno de transición, liderado por la expresidenta Jeanine Añez. Señala que la exautoridad y los sindicados por el caso aún pueden apelar la decisión judicial.

“En consecuencia, como resultado del incumplimiento del demandado (Arturo) Murillo, Bolivia tendrá y recuperará contra el demandado Murillo una indemnización por daños y perjuicios por la cantidad de $us 6.287.525,42”, se lee en un documento público del Tribunal de Circuito Undécimo para el Condado de Miami, en la Florida de Estados Unido.

El 17 de febrero de 2023, Bolivia presentó la “Tercera Demanda Enmendada contra Murillo, que plantea reclamos contra los demandados, incluido Murillo, por incumplimiento del deber fiduciario, conspiración civil, violación de la Ley RICO (una normativa contra la extorsión criminal y las organizaciones corruptas, que fue aprobada en 1970) de Florida, enriquecimiento injusto, gravamen equitativo, fideicomiso constructivo y violaciones de la ley boliviana”.

El abogado estadounidense Thomas Becker, según reporte de Erbol, explicó que el monto que debe pagar Murillo no sólo es por el daño económico, sino también los costos legales del proceso. La demanda fue impulsada en primera instancia por el exprocurador Wilfredo Chávez, abogado de Evo Morales.

Además, el jurista explicó que Murillo perdió este caso al no participar del proceso, puesto que no respondió al juicio. Precisó que es un proceso civil diferente a la causa criminal que ya se desarrolló en Estados Unidos y que resultó en una condena contra el exministro de Gobierno. 

Según el mismo documento, “Murillo no respondió, alegó ni se defendió de otra manera contra la Tercera Demanda Enmendada que se le presentó, como lo exige el Tribunal. En consecuencia, el 10 de marzo de 2024, el Tribunal declaró rebeldía contra el demandado Murillo”.

El documento establece que “el demandado Murillo jugó un papel importante en la obtención del contrato de armas”. El contrato “se celebró el 19 de diciembre de 2019 por $us 5,649,137.00, el cual incluyó un recargo indebido de $us 2,291,402.00”. 

Según el legajo publicado por la Corte, “el recargo indebido luego se utilizó para pagar sobornos al demandado Murillo por su papel en la obtención del contrato de armas”.

La semana pasada, la denominada mano derecha de Murillo, Sergio Méndez, fue enviada a la cárcel de San Pedro de La Paz con detención preventiva luego de ser deportado por Estados Unidos, donde también fue procesado por lavado de dinero.

Recordemos que en enero de 2023, la justicia de Estados Unidos determinó condenar a 70 meses de cárcel a Murillo por lavado de dinero proveniente de la corrupción. El exministro actualmente sigue en un centro de detención de Florida.

Otros tres ciudadanos estadounidenses -vinculados con la intermediaria norteamericana Bravo Tactical Solutions LLC (BTS)- también fueron investigados por su participación como proveedores de los insumos antidisturbios en un negocio que había sido direccionado, según los datos de las pesquisas.

El exministro Murillo enfrenta otro proceso en Bolivia por este mismo caso. Sin embargo, a la fecha, cumple una sentencia de cinco años y 10 meses de presidió en un penal de Florida por el caso de lavado de dinero y soborno vinculado precisamente con la compra de los gases en el gobierno de transición.