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Empresarios Privados advierten que es "incongruente, ilegal e inaceptable" incremento al haber básico el 20% adicional

Recordaron que el salario mínimo nacional ya fue incrementado en 20% mediante el decreto 5516 de enero de este año

publicado en 14 / Apr / 26

Mediante un comunicado, la CEPB señaló que el artículo 21 del Decreto Supremo 5516, acordado entre el Gobierno nacional y la COB, reconoce y garantiza la negociación salarial entre empleadores y trabajadores, tanto de manera individual como colectiva.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) advirtió este lunes que cualquier intento de imponer porcentajes de incremento al haber básico sería “incongruente, ilegal e inaceptable”, en respuesta a la demanda de la Central Obrera Boliviana de aplicar un aumento del 20% adicional.

El sector empresarial recordó que la normativa vigente, así como los acuerdos internacionales suscritos por el Estado, únicamente facultan al Gobierno a determinar el salario mínimo nacional.

Los empresarios ratifican su disposición a participar en espacios de diálogo convocados por el Gobierno, orientados a analizar políticas laborales que impulsen la generación de empleo, el aumento de la productividad y la formalización de la economía.

Recordaron que el salario mínimo nacional ya fue incrementado en 20% mediante el decreto 5516 de enero de este año. La CEPB resaltó que ese aumento está siendo cumplida por todos los sectores, pese a considerarlo desproporcionado y de impacto negativo en la economía empresarial.

Indican que los parámetros para la negociación del haber básico están definidos en el mismo decreto, los cuales deben equilibrar los derechos de los trabajadores con factores como la situación económica de las empresas, los niveles de productividad, las diferencias sectoriales y regionales, y la necesidad de preservar las fuentes laborales.

También, la CEPB alertó que, en el actual contexto económico caracterizado por restricciones y desafíos, la imposición de un nuevo incremento generalizado podría derivar en el cierre de unidades productivas, pérdida de empleos, reducción de contrataciones y presiones inflacionarias que afectarían el poder adquisitivo de la población.


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