Ocho años de reclusión en la cárcel de San Pedro por el caso "Gases Lacrimógenos" de 2019, para los ex ministros de Gobierno, Arturo Murillo Prijic, y de Defensa, Luis Fernando López Julio

Tribunal 6° de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de La Paz sentenció este viernes, en rebeldía, a los exministros de Gobierno, Arturo Murillo Prijic, y de Defensa, Luis Fernando López Julio, a una pena de ocho años de reclusión en la cárcel de San Pedro por el caso “Gases Lacrimógenos” de 2019.

En la última audiencia del juicio, Murillo fue declarado culpable del delito negociaciones incompatibles, mientras que López por contratos lesivos al Estado. Ambos fueron parte del Gobierno de Jeanine Añez.

Dentro del mismo caso, la autoridad jurisdiccional sentenció a Ruth Roxana Palomeque Ríos a la pena privativa de libertad de cinco años por el delito de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

El proceso se remonta en junio de 2020 luego de conocerse de la compra irregular de gases lacrimógenos con un sobreprecio de $us 2,3 millones aproximadamente.

Sergio Ángel Zamora Bascopé fue sentenciado a tres años de cárcel por el delito de incumplimiento de deberes, mientras que Brayan Samuel Berkman a siete años de reclusión por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

“Sepa todo el país que quien incurra en delitos debe responder ante la justicia, sea quien sea (sic)”, afirmó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en sus redes sociales.

De acuerdo al Ministerio de Justicia, fue declarado absuelto el acusado Dennis Alejandro Vera Rada por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Antecedentes

Los sentenciados son acusados de delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, entre otros.

“El Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, reitera su firme compromiso con la ‘Cero tolerancia a la Corrupción’ y asegura que este caso enviará un mensaje contundente contra los hechos de corrupción que ocurrieron en el gobierno de facto de Jeanine Añez, durante el último trimestre del 2019” señala la cartera de Estado.

De acuerdo con los antecedentes, a la semana de irrumpir en el poder Jeanine Áñez en 2019, el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en coordinación con su colega de Defensa, Luis Fernando López, encargó la compra de material antidisturbios a la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS), la que a su vez adquirió este material de la firma Cóndor de Brasil.

Por el lote de granadas de gas y otros elementos antidisturbios, Bolivia pagó $us 5,6 millones, de los cuales, según las investigaciones, $us 2,3 millones fueron sobreprecio.

Parte de ese dinero fue ingresado a Estados Unidos sin reporte legal. Ante esta acción, Murillo y sus colaboradores fueron detenidos y posteriormente sentenciados en ese país por delitos de soborno y lavado de dinero.

En 2019, Áñez promulgó el Decreto Supremo 4090, con el que autorizó al Ministerio de Defensa la adquisición excepcional “de gases antidisturbios o antimotines” y “material no letal para uso de la Policía Boliviana”.

La adquisición se hizo en tiempo récord a través de la empresa intermediaria BTS. Si bien el Ministerio Público comenzó a investigar en mayo de 2020 el ilícito, el caso fue más visible a raíz de la detención del exministro de Gobierno Arturo Murillo en Estados Unidos, en mayo de 2021.

En un informe del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que involucra a Murillo y otros funcionarios del régimen de Áñez en delitos de conspiración, soborno e intento de lavado de dinero, se señala que el exjefe de gabinete del Ministerio de Gobierno Sergio Méndez ya había comenzado con las cotizaciones con la intermediaria BTS el 16 de noviembre de 2019.

En abril de este año, un tribunal de Estados Unidos dictó una sentencia parcial por la que el exministro de Gobierno Arturo Murillo deberá indemnizar a Bolivia con $us 6.287.525,42 en el caso de la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos en 2019.

Bolivia recurrió a la Justicia de Estados Unidos para recuperar ese dinero. Luego de varios recursos, presentó una tercera enmienda el 17 de febrero de 2023. Los últimos argumentos del Estado fueron presentados el 24 de marzo de 2024, señala la traducción del documento.

Ante esa información, el tribunal de Miami decidió que Murillo pague esa indemnización, que se desglosa así: $us 2.291.402,00 por daños reales; $us 443.319.42 por intereses previos al juicio devengados desde el 8 de abril de 2020 al 27 de marzo de 2024; $us 569,09 de viáticos por día hasta la sentencia definitiva y $us 1.030.000 por otras fuentes relativas al litigio.

Murillo fue acusado en Estados Unidos con delitos de incumplimiento del deber fiduciario, conspiración civil, violación de la Ley RICO de Florida, enriquecimiento injusto, gravamen equitativo y demanda constructiva.

En enero de 2023, la Corte de Distrito de los Estados Unidos (EEUU) al sur de Florida, Miami, condenó al exministro a cinco años y ocho meses de prisión.