Conozcamos en qué consiste el Proyecto de Ley 035 y el impacto positivo en el ámbito económico y social

El Proyecto de Ley 035, de Límites Solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez y el financiamiento para el Fondo Solidario, busca ampliar la fracción solidaria de la Pensión Solidaria de Vejez.

El beneficio de eso radica en el incremento de la renta mensual del 69% de jubilados con el Sistema Integral de Pensiones (SIP) en hasta Bs 1.000, según corresponda a la cantidad de aportes y años trabajado de cada beneficiario.

Por ejemplo, un jubilado cuya renta es de Bs 1.200 recibirá 1.346; quienes perciben Bs 2.500, alcanzarán a Bs 2.844 y otro beneficiario que recibía Bs 3.300, llegará a percibir Bs 3.900.

“El proyecto de ley también favorecerá a los futuros jubilados del SIP que se beneficiarán de un incremento en la Pensión Solidaria de Vejez, previo cumplimiento de requisitos, la cual además es vitalicia y cuenta con seguro médico para el titular y su grupo familiar”, indicó Economía.

Los recursos están previstos en un estudio matemático actuarial que, según la información de la APS, “está garantizado hasta 2048”.

Esos recursos devienen del aporte solidario a la vejez, que se incrementará según a la escala salarial de los trabajadores activos con ingreso igual o superiores a Bs 13.000. Por ejemplo, un trabajador con un sueldo de Bs 15.000, hará un aporte de Bs 3; de Bs 17.000, será Bs 6; mientras que de Bs 20.000 será de Bs 11, y, finalmente, de los salarios iguales o mayores a 25.000, el aporte será de Bs 18.

La edad de jubilación se mantendrá en 58 años para varones y mujeres, con la reducción de un año por cada hijo nacido vivo en mujeres.

Existen 17.800 jubilados activos laboralmente. El 62% pertenece a los sectores que propiciaron las movilizaciones en contra del Proyecto de Ley 035, de Límites Solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez y el financiamiento para el Fondo Solidario.

“Se tiene el registro de 17.800 asegurados jubilados que continúan trabajando, de los cuales el 40% pertenecen al sector educación, el 14% al sector universitario y el 8% al sector salud”, respondió la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS). 

El principal motivo de su rechazo es a la disposición adicional única del proyecto de ley, que señala que los asegurados dependientes de 65 años podrán someterse, a solicitud expresa, a un examen médico, para evaluar el estado del trabajador.

Eso fue interpretado por los sectores en conflicto como una “jubilación forzosa”. Ante eso, el presidente de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, informó que la Asamblea Legislativa convocó a los delegados del sector médico a una reunión el lunes, con el fin de discutir el contenido.

El Ejecutivo destacó que el proyecto de Ley 035 de Incremento a la Pensión Solidaria de Vejez busca generar impactos positivos en el plano económico de las familias de los jubilados y en el social, porque preserva la salud de los trabajadores de 65 años. Calificó ayer de preocupantes las medidas de presión en contra de dicha norma.

“Estamos muy preocupados por las medidas de presión que han establecido, lamentablemente, algunos dirigentes ante un proyecto de ley que es muy loable, que tiene un impacto positivo, un impacto económico en las familias de los jubilados y un impacto social porque preserva la salud de los trabajadores de 65 años”, afirmó el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Franz Apaza, en conferencia de prensa.

Apaza señaló que hay interpretaciones erróneas de parte de la dirigencia del sector salud respecto a la Disposición Adicional Única del proyecto. “Hay bastante desinformación e interpretaciones erróneas de algunos dirigentes que han utilizado como excusa esta disposición para oponerse al proyecto de ley”, dijo.

La disposición indica que los trabajadores accederán a un examen médico para su continuidad laboral, no obstante Apaza enfatizó en que ello no será una limitante para seguir trabajando.

“Si el examen médico indica que ese trabajador tiene plenas facultades para seguir desarrollando su actividad en su fuente laboral a esa edad de 65 años o más, pues va a poder seguir trabajando porque el derecho al trabajo está garantizado en la Constitución Política del Estado, así como el derecho a recibir una pensión de vejez”, explicó.

En cuanto a los beneficios del proyecto, actualmente la Pensión Solidaria beneficia a cerca del 70% de los jubilados con el Sistema Integral de Pensiones (SIP). “Es ese 70 por ciento el que va a recibir un incremento, en función a los años de aporte y también, por supuesto, los nuevos jubilados, aquellas personas que están en pleno trámite en la Gestora Pública de su pensión de jubilación”.

Según Apaza, los beneficiarios serán aquellos jubilados que tenían salarios bajos, por debajo de Bs 6.000, y cuya limitación no permitió que tengan un ahorro previsional importante para su jubilación, “es ahí donde entra el Fondo Solidario para equilibrar la balanza en favor de las personas con menores ingresos”.

Para la modificación de los límites solidarios, se elaboró un estudio matemático actuarial para respaldar “plenamente” la sostenibilidad del Fondo Solidario, “y permitirá mejorar la calidad de vida de los jubilados”.