Médicos consideran que Gobierno debe subvencionar las pruebas PCR para aquellas personas que no quieran inmunizarse contra el Covid-19 por el alto costo que tienen

Médicos consideran que el Gobierno debe subvencionar las pruebas PCR para aquellas personas que no quieran inmunizarse contra el coronavirus (Covid-19) por el alto costo que tienen y en caso de las personas que sufran alergias y no puedan recibir las dosis deben ser eximidas de portar el carnet anticovid.

El pasado jueves, el Gobierno emitió el Decreto Supremo 4640 que dispone que todos los espacios donde puedan existir aglomeraciones, entre ellos los medios de transporte interdepartamental aéreos y terrestres, deberán exigir el certificado de vacunación contra el Covid-19 o una prueba PCR con no más de 48 horas de antigüedad. Estas nuevas medidas entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2022.

Médico Fernando Romero dijo a la ANF que se deben respetar los derechos fundamentales de las personas que no quieran inmunizarse, sin embargo agregó que éstas deben ser responsables y cumplir con todas las medidas de bioseguridad y presentar las pruebas PCR para descartar el riesgo de contagios.

“Los derechos de no vacunarse son fundamentales y los que no quieren hacerlo deben cuidarse. Tienen que presentar las pruebas PCR”, agregó.

Sobre las personas que sufren alergias o que las vacunas le causa algún tipo de reacción, el galeno explicó que deben ser eximidas de portar el carnet anticovid, pero recomendó que se tenga que exigir un certificado médico que avale esa condición para evitar los riesgos del Covid-19.

“En el tema de las alergias, un certificado médico de un (profesional) internista o neumólogo debe ser suficiente y estas personas deben quedar fuera de los alcances de la vacunación, es decir que no debe estar obligadas a presentar su carnet de vacunación”, dijo.

El profesional manifestó que si bien la medida ayudará a que los hospitales no se saturen con personas no vacunadas, también recalcó que se deben respetar los derechos de la población.

“Nuestro sistema sanitario no está para un rebrote de las variantes que están apareciendo, nos faltan camas, médicos, las terapias intensivas ya están colapsadas y esta medida nos ayudaría porque está comprobado que los vacunados no llegan a las terapias intensivas, pero hay que respetar los derechos fundamentales de los bolivianos”, indicó.

Presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, aseguró que el Gobierno debe costear las pruebas PCR para aquellas personas que no quieran inmunizarse.

Señaló que la medida que adoptó el Gobierno afectará a la gente más humilde, sobre todo del área rural, donde afirmó que la vacunación no llegó de forma eficaz por falta de estrategias. Remarcó que el decreto viola la Constitución Política del Estado y la Ley de Emergencia Sanitaria que dispone que la inmunización contra el virus no sea obligatoria, sino de carácter voluntario.

“La gente más humilde será la más afectada porque (la obligatoriedad de vacunarse) viola la Constitución, las leyes. Que explique el Gobierno porqué se está yendo en contra de las normas. Tiene  que garantizar el PCR gratuito a todas las personas que no quieren vacunarse”, argumentó.

Afirmó que la medida adoptada por el Gobierno es a consecuencia de la “negligencia de las campañas de vacunación, que se han jugado con los datos, se han jugado con la vacuna, porque en junio y julio el Gobierno decía que la segunda dosis debía ponerse en 120 días, y nunca han mostrado una certificación médica que diga aquello, y eso fue porque le han fallado a la población y ahora la gente desconfía, y hoy día sacan un decreto que dice que es obligatorio”.

En la jornada, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, negó que haya advertido con sanciones penales de hasta 10 años por el delito de atentado a la salud pública a las personas que no cuentan con el carnet de vacunación y den positivo a una prueba de Covid-19.

Recalcó que la vacunación es voluntaria pero advirtió que desde el 1 de enero las personas no podrán ingresar a las instituciones públicas o privadas si no portan el carnet de vacunación o si no presentan una prueba PCR negativa.