"Hay una política de lucha contra la legitimación que está en vigencia desde los años 90 y nunca afectó a los gremiales, no vamos a dar supuesto esta señal de atender a estos grupos que están detrás, buscando confrontar a los bolivianos" aseveró ministra Prada
Ministra de la Presidencia, María Nela Prada, aseguró que no se atenderá esas demandas, advirtiendo que detrás de sectores como los gremiales están opositores que buscan impunidad por los hechos de 2019 e instituir nuevamente la “República colonial”.
Gobierno nacional denunció este lunes que existen grupos que pretenden “sepultar” hasta la Constitución Política del Estado (CPE), al exigir la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.
“Nosotros nunca hemos afectado sus intereses, detrás de esta agenda que impulsan algunos grupos relacionados al golpe de Estado que buscan impunidad, hay la intención de llegar hasta la Constitución Política del Estado, quieren sepultar nuestra Constitución, quieren sepultar nuestro Estado Plurinacional, porque lo que buscan es la restitución de la República colonial y lo dicen abiertamente, quieren restituir el Estado neoliberal para seguir saqueando Bolivia”, afirmó a la conclusión de la Cumbre Nacional para la Reconstrucción Económica y Productiva de Bolivia realizada en La Paz.
La autoridad recalcó que la normativa vigente no afecta a los trabajadores gremiales, recalcando que existen “grupos que se mueven con algunos intereses”, pretendiendo “instalar la desinformación, el temor, para generar desestabilización”, sin tener un compromiso con esos sectores sociales.
“Hay una política de lucha contra la legitimación que está en vigencia desde los años 90 y nunca afectó a los gremiales, no vamos a dar supuesto esta señal de atender a estos grupos que están detrás, buscando confrontar a los bolivianos”, remarcó Prada.
En la víspera, La Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales, Artesanos, Comerciantes Minoristas, Vivanderos y Trabajadores por cuenta propia ratificaron su ultimátum, si hasta el miércoles no se abroga la norma, a partir del jueves 21 de octubre un paro general.