La doble cara del discurso: soberanía para el pueblo, negocio para el FMI, por Martín Moreira analista económico

En plena campaña electoral, algunos candidatos intentan vender viejas recetas con envoltorios nuevos.

Tal es el caso de Tuto Quiroga, quien ahora propone gestionar un préstamo de $12.000 millones con el FMI y otros organismos multilaterales, mientras critica el endeudamiento “caro y corrupto” del actual gobierno.

Sin embargo, su propuesta no solo evidencia una profunda contradicción, sino que revive un modelo que ya mostró sus efectos en los años 90: privatizaciones, ajustes estructurales y pérdida de soberanía económica.

Ante este escenario, es urgente analizar de dónde vienen estos candidatos y qué es lo que realmente representan. Porque detrás del discurso de eficiencia y modernización, se esconde un proyecto que amenaza con hipotecar el futuro del país en beneficio de unos pocos. 

Creo que es necesario mostrar de dónde vienen los candidatos y qué es lo que realmente ofrecen. Comencemos con Tuto Quiroga. En los años 90, impulsó decretos de privatización, incluyendo el de Fancesa. Hoy propone convertir a cada boliviano en “socio” de los recursos estatales. Pero lo más lamentable es que no comprende —o pretende no comprender— cómo funcionan estos procesos.

Por ejemplo, afirmó que primero instalaría una planta de litio y luego la convertiría en una productora de baterías “para los bolivianos”. Un discurso que suena nacionalista, viniendo de alguien que históricamente ha promovido la privatización. Y fue aún más lejos: prometió que todos los bolivianos seríamos “dueños” de esta empresa, aunque reconoció que se necesitaría un inversor.

Aquí es donde debemos abrir los ojos: o nos está mintiendo o realmente no entiende los procesos que su propio benefactor —el Fondo Monetario Internacional (FMI)— impone. Estas condiciones suelen implicar ajustes significativos en las políticas económicas y sociales de los países, generando intensos debates sobre su impacto en el desarrollo y el bienestar de las poblaciones.

Veamos algunas de las medidas típicas que promueve el FMI:

• Privatización o desinversión parcial: El Estado dejará de participar en sectores considerados “estratégicos”. En palabras sencillas, esto significa que el Estado quedará excluido de la cadena de valor o de la cadena productiva, cediendo su rol a empresas privadas, muchas veces extranjeras.

• Eliminación de subsidios: retirar subsidios que distorsionen el mercado y generen cargas fiscales.

• Congelación o reducción de salarios: contener el gasto público a costa de los ingresos laborales.

• Restricciones en la contratación: limitar nuevas incorporaciones en el sector público.

• Revisión de bonos y beneficios: recortar incentivos y beneficios de los empleados estatales.

Entonces surge la gran pregunta: si el FMI actúa como lobbista de las transnacionales, ¿quién terminará dominando las acciones de nuestras empresas estratégicas? La respuesta es obvia: las transnacionales.

El único papel de Tuto será el de decirnos que “somos dueños” de las acciones, mientras alguien más —una empresa extranjera, con el rótulo de “inversor”— se adueña de toda la cadena productiva.

Esto no solo implica la pérdida de control sobre nuestros recursos naturales, sino también una serie de medidas impopulares: recorte de salarios, eliminación de subsidios, endeudamiento y entrega del patrimonio nacional.

Los dólares que lleguen del FMI servirán para facilitar que estas empresas accedan a divisas baratas, se las lleven y nos dejen con la deuda.

Aquí se demuestra que las viejas mañas de Tuto no han sido olvidadas, sino recicladas. Pero el objetivo sigue siendo el mismo: beneficiar a pequeños grupos corporativos, a costa del futuro del país.

Otra de las grandes mentiras es que afirma que no aplicará medidas de ajuste sobre la población. Sin embargo, sabemos bien que dentro de las condiciones impuestas por el FMI se encuentran:

• Congelación o reducción de salarios y restricciones en la contratación: Estas medidas buscan contener el gasto público a costa de los ingresos laborales y limitar nuevas incorporaciones en el sector público. Es importante recordar que más del 90% del universo de empleados públicos cumple funciones sociales fundamentales: entre ellos están los maestros, médicos, policías, personal de alcaldías, gobernaciones y otros actores esenciales para el funcionamiento del país.

• Revisión de bonos y beneficios: Esto implica el recorte de incentivos destinados a las poblaciones más vulnerables, como personas con discapacidad, jubilados y beneficiarios de bonos sociales como el Bono Juancito Pinto, el Bono Juana Azurduy o la Renta Dignidad, el Juancito Pinto, Bono de lactancia bono Juana Azurduy.

Estas medidas comenzarán afectando a los jubilados, a los fondos de pensiones (como los de la Gestora) y a los salarios del propio sector público. Luego vendrá la reducción de la inversión pública, empezando por la infraestructura, y continuará con la eliminación de subsidios esenciales.

Para cerrar el ciclo, se reducirá el nivel de empleo: el desempleo aumentará y, con él, la precariedad. No habrá ningún tipo de incentivo para los sectores vulnerables, lo que en términos concretos significa que desaparecerán los bonos sociales.

En síntesis, estaríamos entrando a un círculo de medidas de ajuste o de shock que destruirán el poder adquisitivo de los bolivianos. Todo esto con el pretexto de siempre: “el país ya estaba en crisis, yo solo estoy evitando que empeore”.

Pero en realidad, estas condiciones crearán la oportunidad perfecta para que grupos privados y transnacionales se apoderen de nuestras materias primas estratégicas, dejando al país con una mano adelante y otra atrás, suplicando nuevos préstamos al FMI… que, a su vez, vendrán acompañados de ajustes aún más crueles.

Propone un préstamo de \$12.000 millones con el FMI y organismos multilaterales, mientras critica el endeudamiento “caro y corrupto” del gobierno actual.