Adelantó que también fueron identificadas las personas que cometieron actos agresivos y racistas contra un periodista de Bolivia TV, el canal estatal, y contra un representante del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq)
“Tenemos una Constitución aprobada en 2009 que señala que un símbolo patrio es la wiphala que aparece en actos por reglas de protocolo. Días antes del acto, hay un diálogo entre gente de la Cancillería y la Gobernación (de Santa Cruz) y la respuesta es permanente: de que no hay posibilidad de que se siga el protocolo”, dijo ministro Lima.
Ministro de Justicia, Iván Lima anunció que se presentarán al menos tres procesos penales por los hechos suscitados en los actos protocolares por el aniversario de Santa Cruz, en la plaza principal 24 de Septiembre. Se agravió la wiphala, un símbolo patrio incluido en la Constitución de 2009. Se estorbó el desarrollo de las funciones de la primera autoridad del país. Se cometió actos racistas y agresivos contra personas presentes en el acto.
Dijo que las personas encargadas de bajar la bandera del mástil ya fueron identificadas y que en las próximas horas se presentará una denuncia formal en su contra, adelantó que también fueron identificadas las personas que cometieron actos agresivos y racistas contra un periodista de Bolivia TV, el canal estatal, y contra un representante del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq). “El viceministro de Descolonización, Pelagio Condori, presentará el lunes la denuncia en contra de estas personas”.
Asimismo, reveló que el vicepresidente del Estado, David Choquehaunca está reflexionando si denuncia o no a Luis Fernando Camacho, gobernador del departamento de Santa Cruz, por impedir o estorbar las funciones del Presidente del Estado, como establece el artículo 161 del Código Penal.
“Él (Choquehuanca) es un hombre de concertación, de paz, está reflexionando si presenta la denuncia o no, yo tengo la querella lista, pero él me ha pedido reflexionarlo”.
Lima se refirió también a la ley departamental que permite la designación de autoridades locales en la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Contraloría, Procuraduría, Tribunal Electoral Departamental y Tribunal Departamental de Justicia.