Se amplía a seis meses prisión preventiva para Jeanine Añez y exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán debido al riesgo de fuga

Audiencia virtual de más de nueve horas concluyó la tarde de ayer con la determinación de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz de extender de cuatro a seis meses la prisión preventiva para la expresidenta Jeanine Añez y dos de sus exministros, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, procesados en el caso denominado “golpe de Estado”.

Determinación fue anunciada por el vocal Willy Arias, en una exposición de cerca de una hora en la que ratificó la mayor parte de los argumentos de la jueza cautelar Regina Santa Cruz, quien el 14 de marzo dispuso la detención preventiva por cuatro meses de los tres investigados, debido al riesgo de fuga. 

Se desechó los argumentos expuestos por los abogados de la defensa y accedió al pedido que hicieron los representantes de la Procuraduría General del Estado (PGE), el Ministerio de Gobierno y de la comisión de fiscales para que la prisión preventiva se amplíe dos meses para que haya tiempo suficiente para las actividades procesales consecuentes de una investigación como la que se plantea por delitos de terrorismo, sedición y conspiración.

“Se confirma la parte dispositiva de la detención preventiva con una modificación, de que el lapso de prisión preventiva de los tres coimputados, que se había señalado primigeniamente de cuatro meses, se determina seis meses de investigación en esa condición de detenido preventivo, además que la coimputada, la señora Jenaine Añez, tiene también el riesgo de fuga establecido en el artículo 234 del Código de Procedimiento Penal”, anunció Arias.

Dijo que con ello se admitían las argumentaciones expresadas por las dos dependencias del Ejecutivo y el Ministerio Público “en cuanto al tiempo de duración de la extrema medida de detención preventiva” y se reafirmaba la resolución 106/2021 emitida por la jueza Santa Cruz.

La audiencia de apelación fue solicitada por la defensa de los imputados con el objetivo de que se revise la detención preventiva, pero también por la Fiscalía, la PGE y el Ministerio de Gobierno para que se extienda esta medida al máximo de seis meses para la fase investigativa. La última solicitud fue atendida.

Durante el encuentro virtual, los representantes de la PGE, Miguel Velasco y Guillermo Chura, al igual que el fiscal Omar Mejillones  argumentaron que cuatro meses  no serán suficientes para la investigación y los actos procesales consecuentes, como la toma de declaraciones a testigos, las inspecciones y otras actividades.

Al argumentar la decisión de la Sala Penal Segunda, Arias explicó que, por ejemplo, se sustenta el argumento de riesgo de fuga porque tanto la expresidenta como sus exministros cuentan con pasaportes y la capacidad de poder salir del país, además que existe la posibilidad de que puedan obstaculizar la investigación al tomar contacto con otros, actuales y posteriores, implicados y también alterar documentación u otras pruebas que permitan establecer la verdad de los hechos.

Además que, si bien la expresidenta tiene un pasaporte, como los exministros, su última salida del país fue hace dos años y que tampoco se podría argumentar, como hizo la Fiscalía,  que obstaculizó el proceso porque la imputación fue emitida el 11 de marzo y ella fue aprehendida un día después.

Abogados de los imputados, Luis Adolfo Guillén y Ariel Coronado, hicieron notar que la investigación se extiende del 21 de octubre al 10 de noviembre de 2019, por lo que sería una incongruencia que el principal argumento para acusar a Añez sea una reunión que se realizó un día después de ese período, el 11 de noviembre, cuando en la Universidad Católica Boliviana se realizó un encuentro para encontrar una salida constitucional para “pacificar el país” a iniciativa de la Iglesia Católica.