El funcionario del Estado afirmó que Bolivia está a la expectativa de lo que ocurra hoy en Brasil, donde se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial entre los candidatos Jair Bolsonaro y el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva
Procuraduría General del Estado iniciará el lunes las gestiones, ante el Ministerio Público, para solicitar la extradición del exministro de Defensa Luis Fernando López, y el excomandante de la Policía Vladimir Yuri Calderón, quienes están en Brasil.
“Hay que activar el proceso de extradición de ambos ciudadanos (…). La Procuraduría (…), está requiriendo a partir de este lunes los respectivos memoriales para solicitar al Ministerio Público que (…) se activen los mecanismos de cooperación y colaboración judicial internacional”, explicó este sábado el procurador Wilfredo Chávez.
En declaraciones a Radio CEPRA, la autoridad dijo que se recurre a esa acción judicial en el marco del tratado de extradición vigente entre Bolivia y Brasil. La pasada semana, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confirmó que López está en su país en calidad de asilado. Agregó que ofreció el mismo beneficio a la exmandataria Jeanine Chávez.
Asimismo, confirmó que el exgeneral Calderón está en ese país. López es investigado por su participación en el denominado golpe de Estado de 2019 y el sobreprecio de $us 2,3 millones en compras a nombre del Estado. A finales de agosto, en el marco del caso denominado Golpe de Estado I, la Fiscalía lo imputó y pidió su detención preventiva.
En ese caso, se investigan las circunstancias de la renuncia del entonces presidente Evo Morales, en noviembre de 2019, la proclamación de Áñez y el papel de López, como ministro de Estado y asesor de Luis Fernando Camacho.
En ese marco, el funcionario del Estado afirmó que Bolivia está a la expectativa de lo que ocurra hoy en Brasil, donde se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial entre los candidatos Jair Bolsonaro y el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
En cuanto a Calderón, en septiembre de 2021, el Tribunal Disciplinario de la Policía Boliviana dispuso su baja definitiva y sin derecho a la reincorporación. Se asumió esa decisión por el motín policial del 8 de noviembre de 2019, y porque en su calidad de comandante de la Policía “sugirió” la renuncia de Morales.
“Al día siguiente del golpe de Estado, el Comandante de la Policía estaba tomando el Segip como una especie de botín (…). Además, no asumió ninguna acción en contra de quienes quemaron la Whipala”, afirmó Chávez. El Procurador General del Estado explicó que, primero, se realizará la comunicación procesal a Brasil con los actuados del caso.
De manera paralela, se hará la solicitud de la detención preventiva, con fines de extradición, de esas personas y, así, “en los seis meses siguientes activar la extradición”, explicó Chávez.