El veredicto de los jueces contra el exmandatario boliviano y su exministro de Defensa será emitido esta semana

jurado del juicio civil contra el expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez Berzaín en Fort Lauderdale (Florida, EE.UU.) comenzó este lunes 26 de marzo a analizar su responsabilidad por las muertes de civiles ocurridas en las protestas de 2003.

Son los diez integrantes del jurado que determinarán si los familiares de ocho de las personas que perdieron la vida en las protestas que acabaron con el gobierno de Sánchez de Lozada en octubre de ese año tienen razón en responsabilizar al expresidente y al exministro de Defensa de sus muertes.

Después que presentaron sus conclusiones, también decidirán si los demandantes merecen ser compensados económicamente y con cuanto dinero. El juicio es consecuencia de una demanda civil presentada por Eloy Rojas Mamani, Etelvina Ramos Mamani, Felicidad Rosa Huanca Quispe, Gonzalo Mamani Aguilar, Sonia Espejo Villalobos, Juan Patricio Quispe Mamani, Teófilo Baltazar Cerro, Juana Valencia de Carvajal, Hermógenes Bernabé Callizaya y Hernán Apaza Cutipa.

Esta audiencia de comenzó con el juez James I. Cohn, de los tribunales de Fort Lauderdale, dando instrucciones al jurado acerca de lo que se consideran ejecuciones extrajudiciales y qué sentido tiene el compensar a los familiares de las víctimas. Sin embargo, la mayor parte de la sesión estuvo dedicada a la presentación de los alegatos finales por parte de los abogados de demandantes y demandados, que lógicamente discreparon en todo. 

Para Joseph Sorkin, abogado de los demandantes, está probado que los dos demandados "precipitaron las muertes" de civiles al implementar el Plan República para sofocar las protestas con fuerzas militares, para Ana Reyes, abogada de la otra parte, es "irrefutable" que no hay evidencia alguna de que el expresidente y el exministro les ordenaran matar civiles, también discreparon sobre el "papel" del hoy presidente de Bolivia, Evo Morales, entonces dirigente cocalero, en las revueltas de 2003 y también sobre si había la voluntad de negociar en el gobierno y si los manifestantes estaban o no armados.

Los dos abogados basaron sus argumentos finales en las respuestas de los testigos, por lo menos 23 llamados por los demandantes y como una docena por parte de los demandados, incluido Sánchez de Lozada, que tiene 87 años y fue dos veces presidente de Bolivia (1993-1997 y 2002-2003). Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín se radicaron en Estados Unidos después de salir de Bolivia en plena crisis y están asilados en este país. Sorkin enfatizó que el 12 de septiembre de 2003 fue un día clave en la historia de Bolivia porque el gobierno de Sánchez de Lozada decidió poner en marcha el Plan República en vez de negociar y eso "precipitó las muertes" de civiles.

Además rechazo el argumento de la defensa de que las ocho muertes objeto de la demanda se deban a "fuego cruzado" y en ese sentido recalcó que sus testigos vieron disparar a los militares y recordó que el soldado Edwin Aguilar dijo que se dio la orden "de disparar a lo que se moviera". Según dijo, fueron apenas 2 ó 3 militares los que murieron en las protestas y se preguntó: "¿Es eso proporcional?".

Por otro lado, dijo que los demandados estaban "casi obsesionados" con Morales y el líder aimara Felipe Quispe, otro de los dirigentes de las protestas, y, de cara a las posibles compensaciones, subrayó que Sánchez de Lozada tiene un patrimonio de mas de 60 millones de dólares. A su turno, Reyes consideró "irrefutable" que no hay la evidencia de que los Sánchez sean responsables de las muertes y consideró que ha sido un juicio "basado en emoción no en pruebas".