De acuerdo al abogado constitucionalista Franklin Gutiérrez podría existir "Efecto domino" si el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz se pronuncia por una sentencia condenatoria contra la exsenadora Jeanine Áñez

Si el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz se pronuncia por una sentencia condenatoria contra la exsenadora Jeanine Áñez se generaría un “efecto dominó” que implicaría a quienes participaron en la ruptura democrática en noviembre de 2019, afirmó el abogado constitucionalista Franklin Gutiérrez.

“Una sentencia por el caso golpe de Estado II (…) involucraría a las personas que tuvieron que ver con el golpe de Estado de 2019 y que hasta ahora han permanecido intocables”, remarcó el abogado en entrevista con la televisión estatal en alusión a que durante el proceso, que concluirá el lunes, surgieron elementos para enjuiciar a otras personalidades como Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga, Luis Fernando Camacho, Marco Pumari y el exrector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín.

El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz envió las notificaciones a las partes involucradas para la reinstalación del juicio. Quienes están en prisión preventiva seguirán los alegatos finales y la lectura de la sentencia desde su reclusión. La audiencia que se instalará a las 14.00.

El viernes, la comisión de admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional rechazó la solicitud de explicación y complementación presentada por la defensa de Añez. En ese marco, ya no hay impedimento legal para la instalación del juicio.

Antes, la exsenadora presentó también una demanda de inconstitucionalidad en contra de los delitos por los que es acusada y el Tribunal Constitucional rechazó la demanda.

El juicio Golpe de Estado II tiene cuatro acusados prófugos de la justicia y mandamiento de apremio, dos con condena y una, Jeanine Áñez, con detención preventiva en una penal de La Paz.

De acuerdo con la normativa penal, en la audiencia final deberán presentar sus alegatos como parte acusadora la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Gobierno y la Cámara de Senadores.

Luego tomarán la palabra las defensas de los imputados, unos encarcelados y otros prófugos de la justicia, y, finalmente, el Tribunal dictará sentencia. Áñez y seis  exjefes militares y policiales están siendo procesados por lo que sucedió entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019 cuando asumió inconstitucionalmente el mando del país.

La entonces senadora violentó tres artículos de la Cámara de Senadores al proclamarse presidenta de ese cuerpo legislativo, señala la imputación. Luego vulneró otros tres artículos del reglamento de Diputados al instalar una sesión de Asamblea ilegal. Finalmente habría vulnerado nueve artículos de la Constitución Política del Estado para alcanzar ilegalmente de la primera magistratura.

Los delitos que se le imputan, de acuerdo con la normativa penal, podrían acarrearle una pena de privación de libertad de hasta 10 años. “La servidora o el servidor público o autoridad que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la constitución o a las leyes, o ejecutare o hiciere ejecutar dichas resoluciones u órdenes, será sancionado con la privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años”, establece el artículo 153 del Código Penal.

Según la Fiscalía General del Estado, se cuentan con más de 70 pruebas y casi una veintena de declaraciones testificales que indican que la ahora detenida en el penal de Miraflores de La Paz  adecuó su conducta a ese tipo penal.

Junto a ella, también son enjuiciados exjefes policiales y militares. De hecho, la autoridad jurisdiccional emitió la resolución de declaratoria en rebeldía y la orden de aprehensión en contra del excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, y el excomandante de la Policía, Yuri Calderón.

En el expediente están incluidos, además de Kaliman y Calderón, el exjefe del Estado Mayor, Flavio Gustavo Arce; el excomandante del Ejército, Pastor Mendieta; el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Gonzalo Terceros y el excomandante de la Armada, Palmiro Jarjury.

Todos ellos, de acuerdo con la acusación, ayudaron a que Áñez pueda instalarse en el Gobierno. Tanto Terceros como Jarjuri, sin embargo,  aceptaron su culpa por la comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, e incumplimiento de deberes en grado de complicidad, y fueron sentenciados en juicio abreviado a tres años de prisión en los penales de Patacamaya, La Paz, y Palmasola, Santa Cruz, respectivamente.

Terceros contribuyó en el traslado de diputados y senadores opositores para la instalación de las sesiones de la Asamblea Legislativa  y así promover la sucesión de Áñez, mientras que Jarjury fue imputado por permitir también la imposición de símbolos patrios a la entonces senadora.

Jeanine Áñez está detenida desde el 13 de marzo de 2021. Cuando fue aprehendida, estaba con las maletas listas y un pasaporte por lo que se presumió que pretendía darse a la fuga y se determinó su detención preventiva.