Se podrá verificar el proceso irregular que tuvo el trámite del préstamo, tanto a nivel del Ejecutivo Municipal, así como de la Comisión de Desarrollo Económico y del pleno del Concejo Municipal
Frente a las denuncias del concejal Pierre Chain sobre el crédito por Bs 175 millones contratado por el alcalde, Iván Arias, para supuestas obras en el municipio de La Paz, la Contraloría General del Estado (CGE) comunicó este domingo que solicitó información sobre dicho préstamo.
La carta de respuesta enviada al concejal Chain el pasado 17 de mayo por el Gerente Principal de Auditoría 2 de la Contraloría, indica que se ha solicitado información y documentación al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y el Banco BISA S.A. y con base en los resultados de dicha evaluación, la entidad hará conocer la determinación de las acciones a seguir.
Chain acudió a la Contraloría, al Viceministerio de Transparencia y a la Procuraduría General del Estado alertando que la aprobación del proyecto de ley que autoriza el préstamo no ha cumplido el debido proceso legislativo, ni el Ejecutivo ha buscado otras condiciones de préstamo más favorables, sino que firmó el contrato sin esperar respuesta de otras dos entidades bancarias a las que envío solicitudes de financiamiento.
Concejal Chain aplaudió la decisión de la Contraloría de intervenir en este tema y expresó su confianza en que el trabajo técnico e independiente de la entidad de control gubernamental, podrá verificar el proceso irregular que tuvo el trámite del préstamo, tanto a nivel del Ejecutivo Municipal, así como de la Comisión de Desarrollo Económico y del pleno del Concejo Municipal.
Adicionalmente ha enviado una carta al Banco BISA informando sobre los defectos en el tratamiento legislativo que podrían causar la anulabilidad del contrato y generar perjuicios a las partes.
En respuesta a esta nota, el Banco Bisa comunicó que no tiene fundamento legal para no proceder al desembolso respectivo, cumplidas que sean las formalidades de ley y reglamentarias al efecto, a menos que sean notificados con un debido proceso formal de impugnación ante autoridad competente o resolución ejecutoriada dejando sin efecto la ordenanza municipal.