El Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU) admitió el pedido de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y lo derivó al Departamento de Justicia para su tramite legal, confirmó hoy el fiscal de recursos José Manuel Gutiérrez.
La autoridad añadió que con este paso se avanzó en un 50% en el proceso de extradición del exmandatario para que responda por los hechos de octubre de 2003. "La embajada boliviana en los Estados Unidos ha comunicado que se ha sorteado el primer filtro del Departamento de Estado y ha sido remitido al Departamento de Justicia, que es el filtro judicial, eso nos da a entender que ya se ha avanzado en un porcentaje de alrededor de un 50% para el trámite de admisión”, expresó Gutiérrez.
En octubre de 2014, el Gobierno boliviano pidió a EEUU que responda a la segunda petición de extradición de Sánchez de Lozada, al cumplirse once años de la renuncia y huida del entonces gobernante en medio de protestas populares y de una represión militar que dejó al menos 72 muertos en la denominada "Guerra del Gas".
Según la información del Ministerio Público, instalado en la ciudad de Sucre, el caso fue sorteado días antes del carnaval, entre el 1 y 5 de febrero, a partir de un último memorial que se presentó con documentación complementaria acerca de los involucrados y los hechos suscitados en octubre del 2003.
Gutiérrez aclaró que este tipo de solicitudes, en el marco del tratado que tienen firmado ambos países para la extradición, no se tiene un plazo establecido para este tipo de trámites y está en función a la legislación de cada una de las naciones.
A partir de esa primera aceptación, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos debe pronunciarse acerca del cumplimiento de los requisitos jurídicos en base al tratado de extradición vigente, y luego remitirá el caso a cada una de las cortes de distrito donde actualmente radican los acusados, según se informó. Gutiérrez explicó también que después el juez del proceso debe convocar al Estado boliviano y a las personas involucradas a una audiencia en la cual los acusados deben responden a la solicitud de extradición.