La Paz 11 de Enero de 2026, 15:23
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46 periodistas forzados al exilio en Nicaragua en 2024, según ONG Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia
La situación de la prensa empeoró en Nicaragua tras las protestas de 2018 que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según la ONU
publicado en 13 / Jan / 2546 periodistas tuvieron que partir de Nicaragua al exilio en 2024 y cuatro fueron detenidos, según un informe publicado este lunes en Costa Rica por la ONG Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED).
Desde 2018, medio centenar de medios de comunicación independientes o críticos del gobierno ha cerrado en Nicaragua y sus bienes han sido confiscados, según denuncias de Reporteros sin Fronteras (RSF) y otras organizaciones de prensa internacionales.
Los cuatro capturados fueron Fabiola Tercero, en «paradero desconocido» desde su aprehensión y allanamiento de su casa en julio de 2024; Henry Briceño, posteriormente «expulsado» hacia Costa Rica con su familia; y Leo Cárcamo y Elsbeth D’Anda, ambos en prisión, de acuerdo con FLED.
«En los últimos meses de 2024, el gobierno intensificó su represión mediante desapariciones forzadas, destierros y detenciones arbitrarias dirigidas contra medios y periodistas independientes», comentó la oenegé, que opera desde el exilio en Costa Rica.
Al cierre de 2024, suman 283 profesionales de los medios forzados a exiliarse «para proteger sus vidas y las de sus familias» desde las protestas antigubernamentales de 2018, destacó la FLED en su informe, titulado «Prensa independiente en Nicaragua: 2024, resiliencia y valentía ante la represión estatal».
Hace una semana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, pidió al gobierno de Nicaragua liberar en forma «inmediata» a Cárcamo, detenido en noviembre pasado. Ese mismo mes fue capturado D’Anda, luego de que informara en un canal de televisión local sobre alzas en precios de alimentos.
La situación de la prensa empeoró en Nicaragua tras las protestas de 2018 que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según la ONU, y que el gobierno de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, consideran un intento de golpe de Estado orquestado por Washington.
Ortega reformó en 2024 la ley de ciberdelitos, que elevó las penas y abrió la vía para condenar a personas por publicaciones en las redes sociales. Además una reforma a la Constitución aprobada por el Congreso establece que el Estado «vigilará» a la prensa y a la Iglesia para que no respondan a «intereses extranjeros».
