
Información confirmada por fuentes que siguen el juicio civil en Florida por los daños a civiles registrados en octubre de 2003
publicado en 03 / Apr / 18Jurado de Fort Laderdale (Florida) ha encontrado culpables a Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro Carlos Sánchez Berzaín de haber urdido un plan operativo para matar al pueblo en las revueltas de octubre negro. Ese levantamiento popular tenía como origen la oposición del pueblo alteño a que se venda gas a California a través de un puerto chileno. Paradójicamente, hoy un jurado del pueblo estadounidense halla culpable a Goni y su exministro y da el primer sorbo de justicia para las víctimas de El Alto. La decisión del jurado llega en el sexto día de deliberaciones.
El ambiente se comenzó a caldear en septiembre, cuando las marchas y los paros cívicos comenzaron a sumar conflictos en torno a un núcleo: la negativa de venta de gas licuado a Estados Unidos, a través de plantas que debían instalarse en territorio chileno. El destino final era la enorme industria californiana. Allí, se tocaban dos fibras sensibles a la vez: el antiimperialismo reinante en 2003 y, de paso, beneficiar al norte de Chile sin que Bolivia obtenga nada a cambio.
Estallando el 20 de septiembre, 28 días antes de que Gonzalo Sánchez de Lozada abandone el poder. Un grupo de turistas había quedado varado en Sorata, y cuando policías y militares los escoltaban de vuelta a La Paz, fueron resistidos en Warisata. Marlene Rojas, una niña de 8 años, fue la primera víctima de octubre negro, aún en septiembre. Sus padres estuvieron en la corte de Fort Lauderdale para contarle al jurado cómo Marlene murió en sus brazos. Otros tres civiles y un soldado caen ese día.
Los puntos de bloqueos se habían masificado en todo el occidente y el pliego petitorio de los movilizados alcanzaba los 75 puntos. Lo que había comenzado con una protesta localizada, se había convertido en general. Con Felipe Quispe a la cabeza de las movilizaciones, los bloqueos se masificaron y las víctimas también. Comienza en El Alto un paro cívico indefinido.
En octubre, a partir del paro indefinido decretado el 8 en El Alto, las muertes se multiplican: dos el 9; 19 el 12; 14 el 13; 2 el 15. El conteo extraoficial llega a 68 muertos y más de 400 heridos. En el juicio en la Corte Suprema de Justicia de Sucre se convalidaron 55 muertes.
Un punto que se discutió en la corte de Fort Lauderdale fue la caravana de la muerte del domingo 12 de octubre, cuando murieron 19 personas. Esa fue la piedra angular de la parte acusadora, abogados estadounidenses del Centro de Derechos Constitucionales de Estados Unidos (CCR, por sus siglas en inglés), que sobre la base de esta intervención para proveer combustible a la ciudad de La Paz, convencieron al jurado que había un plan para matar civiles en octubre de 2003. Por su parte, la defensa de Gonzalo Sánchez de Lozada, adujo que los civiles murieron fruto del fuego cruzado entre fuerzas del orden y golpistas.
Se transmitió en vivo en Fort Lauderdale, FL, dónde un jurado ha hallado responsables al expresidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro de Defensa por ejecuciones extrajudicales de indígenas de 2003 aqui el enlace
https://www.facebook.com/CenterforConstitutionalRights/?hc_ref=ARQJA23ewXzzjGSbKDw6rg6SD1qEYKXOiLVwu4m0pFKKV6Oj5hJjhJoOjvsCqZhVn8Q
16 de octubre, un día antes de presentar su renuncia, Gonzalo Sánchez de Lozada ofreció convocar un referendo para consultar sobre la venta de gas a Estados Unidos y citar una Asamblea Constituyente. Un día después, sin apoyo de su vicepresidente, Carlos D. Mesa, ni de la embajada de Estados Unidos, renunció a la presidencia y salió en vuelo comercial hacia Miami. Ayer, un jurado de Fort Laduderdale, una ciudad a 50 kilómetros de su puerta de entrada a Estados Unidos, lo halló culpable.
La parte acusadora afirmó que no hay inconsistencias en el veredicto. Ante la situación el juez James Cohn decidió dar un receso mientras considera el pedido de la defensa, y llamará de nuevo a las partes para emitir su decisión. El tribunal determinó que el próximo 4 de mayo se retormará la sesión y después se emitirá la decisión final acerca del caso, que es calificado como histórico por la relevancia de los acusados.
El juicio de carácter civil es impulsado por familiares de ocho fallecidos en las jornadas de octubre de 2003. Se realiza en una corte federal del sur de Florida desde el 5 de marzo.
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