TCP descarta que exista algún documento avale la sucesión constitucional de Jeanine Añez en 2019 en respuesta a requerimiento Fiscal

“De la revisión del Sistema de Gestión Procesal y el informe de 16 de julio de la presente gestión por parte del Gestor Procesal Tutelar de esta institución, se concluye que no se encuentra sentencia, declaración o auto constitucional por el cual se hubiese emitido pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la sucesión presidencial de la entonces senadora ciudadana Jeanine Áñez Chávez, producidas el mes de noviembre de 2019”, dice la nota enviada al Ministerio Público por Marvin Molina secretario general del TCP.

Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) desahució la “sucesión constitucional” de Jeanine Añez y aclaró que en sus archivos no encontró “sentencia, declaración o auto constitucional” que sustente la constitucionalidad o no de dicha proclamación en 2019. 

En 12 de noviembre de 2019 dos días después de la renuncia de Evo Morales, acorralado por un paro cívico, los cuestionamientos a las elecciones del 20 de octubre de parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), un motín policial y la “sugerencia” de dimisión presidencial de las Fuerzas Armadas— Áñez se proclamó primero titular de la Cámara de Senadores y luego presidenta por “sucesión”.

Entonces, justificó su proclamación con la lectura de un comunicado del TCP de ese día, que apelaba a la Resolución 003/2001 con la que el vicepresidente Jorge Quiroga sucedió en agosto de 2001 al entonces dimisionario y convaleciente presidente Hugo Banzer.

Ese 12 de noviembre de 2019, el entonces senador de Unidad Demócrata (UD) Yerko Núñez esperaba el documento del TCP, aunque días antes Luis Vásquez, exsenador y asesor de Quiroga, hacía lobby político y legislativo para promover la sucesión de Áñez con la resolución constitucional de 2001. La misma Iglesia Católica, que promovió diálogos extralegislativos en la Universidad Católica, informó de que ese grupo de políticos apeló al texto de 2001.

TCP también hizo llegar a la comisión de fiscales una copia legalizada del comunicado del 12 de noviembre de 2019, cuyo subrayado dice: “(…) el Vicepresidente asume ipso facto la Presidencia de la República (…) cualquier entendimiento distinto podría atentar contra la inmediatez en la en la sucesión presidencial, prevista en el orden constitucional”.

Morales renunció a las 16.52 del domingo 10 de noviembre de 2019. Lo hizo conjuntamente con el vicepresidente Álvaro García, en Chimoré.

Horas después también presentó su dimisión la entonces presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra. Mucho antes de los tres, consignados en la sucesión constitucional dispuesta en la Constitución de 2009, había renunciado también el presidente de Diputados, Víctor Borda.

Lo hizo a las 13.30 a través de los medios de información, obligado —según denunció en La Razón— por la presión que un movimiento cívico ejercía sobre él, cuando le pidió tomar esa decisión si quería evitar que su hermano sea quemado.

Procurador del Estado, Wilfredo Chávez“No somos colonia ni del Vaticano, ni de la Unión Europea” y quienes asistieron a la cita en la Universidad Católica Boliviana (UCB) para tratar la sucesión, tras la renuncia de Evo Morales, tuvieron una “participación delincuencial, pues se estaban atribuyendo el derecho del pueblo”, aseguró el procurador del Estado, Wilfredo Chávez.

Chávez compareció este martes en la Comisión de Gobierno de Diputados e hizo un recuento de todo lo ocurrido en la crisis de noviembre de 2019. Dijo que la Iglesia Católica no tenía ninguna atribución para convocar a reuniones políticas, junto a la Unión Europea, más aún, sostuvo, cuando Bolivia es un país laico y sin ningún tipo de tutela.

A esa convocatoria acudieron actores políticos como el expresidente Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina, el exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín, Ricardo Paz y Jerjes Justiniano. Se empezaron a reunir el 10 de noviembre, poco después de la dimisión de Morales, y viabilizaron que la senadora Jeanine Áñez tome el poder.

“Tenemos que indicar que la participación de estos actores, al margen de ser una participación contraria a la Constitución, es una participación ilegal, es una participación delincuencial, pues se estaban atribuyendo los derechos del pueblo, eso es un delito”, cuestionó Chávez.