Miles de manifestantes protestaron en el centro de Roma contra el uso extendido del pasaporte sanitario

Exigido desde principios de agosto para entrar a un museo, evento deportivo o en las zonas interiores de un restaurante, este certificado sanitario requiere una pauta de vacunación completa, un test negativo reciente o un documento que justifique haberse curado del covid-19.

Miles de manifestantes protestaron el sábado por la tarde en el centro de Roma contra el uso extendido del pasaporte sanitario, que será obligatorio a partir del 15 de octubre en todos los puestos de trabajo en Italia.

Primer ministro italiano, Mario Draghi, anunció a mediados de septiembre que a partir del 15 de octubre será obligatorio para acceder a un puesto de trabajo. Para los profesores o el personal médico ya lo es actualmente.

“Nos suspendieron a los dos [de empleo] hace dos meses”, explicó a la AFP Cosimo, que trabajaba como enfermero, igual que su esposa. Según Cosimo, tanto él como su esposa tienen problemas inmunitarios y de alergias y su médico de cabecera los autorizó a que no se vacunaran contra el coronavirus.

La decisión de generalizar el pasaporte sanitario fue el resultado de largas discusiones entre el gobierno, los partidos políticos que integran la coalición nacional en el poder y los interlocutores sociales, sindicatos y empresarios.

A pesar de ello, los suspendieron de sueldo y empleo. “Hemos llevado el caso a un abogado, ya que tenemos dos hijos gemelos, de 20 años, y nos debemos ocupar de ellos”, explicó.

Maria Ballarin, una jubilada, denunció un “chantaje criminal y cobarde” por parte del Estado, que no quiere asumir sus responsabilidades y decretar la obligatoriedad de la vacunación.Los sindicatos exigen que el Estado pague los test mientras el gobierno teme que con esa posibilidad se desincentive la idea de vacunarse.

Cuando se anunció la nueva disposición, semanas atrás, las autoridades anunciaron que podrían aplicar una multa de entre 400 euros (470 dólares) a 1.000 euros (1.176 dólares) para aquellos que no cumplan con esa obligación, según el diario Il Corriere della Sera. Al cabo de cinco días de ausencia injustificada por falta de pasaporte sanitario, a la persona la pueden “suspender” del trabajo y el salario.

“No es un instrumento para combatir la pandemia (...), sino para controlar a la población”, añadió su marido, Marco Salvatori, un empleado de un banco que decidió adelantar su jubilación y así evitar hacerse un test al covid-19 uno de cada dos días.

La manifestación, en la que participaron grupúsculos de extrema derecha, también se vio alterada por algunos enfrentamientos con la policía.

Italia no es el primer país europeo que adopta esa medida. En Grecia, desde el 13 de septiembre, los empleados que no se han vacunado de los sectores público y privado deben someterse a pruebas a sus expensas una o dos veces por semana, según la profesión.