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juez Sergio Pacheco comprueba que no hubo aprehensión ilegal de Luis Fernando Camacho

fiscal Mejillones reveló que Camacho firmó el acta de mandamiento de aprehensión en presencia de su abogado, el miércoles en Santa Cruz, porque ya estaba al tanto de las consecuencias

publicado en 29 / Dec / 22

El juez Sergio Pacheco estableció hace minutos que la aprehensión de Luis Fernando Camacho fue realizada respetando sus derechos constitucionales, con lo que se descartó que hubiera “secuestro” o violación del debido proceso judicial.

“El Juez Octavo en lo Penal de Instrucción Cautelar declara infundado el incidente de ilegalidad de la aprehensión promovida por la defensa técnica de Luis Fernando Camacho", señaló el juez Sergio Pacheco.

La audiencia virtual, que continua en desarrollo, contó con la participación de abogados de Camacho, el fiscal Omar Mejillones, el de la denunciante Lidia Paty, de la Procuraduría General del Estado y del Ministerio de Gobierno, además de varios medios de comunicación.

Los representantes legales de Camacho, Martín y Juan Carlos Camacho, plantearon incidentes legales para impedir la continuidad de la audiencia de medidas cautelares, con el argumento de que la aprehensión de su cliente fue violatoria, sin notificación previa y sin respeto a su derecho a la defensa.

El fiscal Mejillones reveló que Camacho firmó el acta de mandamiento de aprehensión en presencia de su abogado, el miércoles en Santa Cruz, porque ya estaba al tanto de las consecuencias de su negativa al no concurrir a las citaciones del Ministerio Público, emitida desde el año pasado.

Tras escuchar a las partes, el juez Pacheco concluyó que no hubo actos ilegales o violatorios de derechos en la operación policial durante la aprehensión y traslado de Camacho, ya que se demostró que firmó de manera voluntaria el acta de actuación voluntaria y el mandamiento de la Fiscalía.

Resuelto el incidente, el juez determinó iniciar la audiencia de medidas cautelares para Camacho. La Fiscalía, le imputó por el delito de terrorismo y demandó su detención preventiva por seis meses, en la cárcel de Chonchocoro, por existir riesgo de fuga y obstaculización de la averiguación de la verdad de los hechos de noviembre de 2019, en los que participó como autor.


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