Madres pierden custodia de sus hijos tras denunciar abuso sexual en Latinoamérica

Por orden de funcionarios dentro del sistema de protección judicial en países como Colombia, Argentina o Brasil decenas de mujeres han perdido las custodias de sus hijos después de alertar sobre abuso sexual infantil dentro del hogar o por parte de sus exparejas,

Algunos jueces, comisarios y defensores de familia optan por entregar a los hijos al presunto abusador sexual, en su mayoría progenitores, como "castigo” por, supuestamente, lavarles el cerebro a sus hijos con mentiras, dice un grupo de madres a DW. Varias mujeres han denunciado estas vulneraciones a sus derechos y los de sus hijos ante los entes de control de sus países, sin mayores respuestas. 

"Mi hija de 10 años, vive hace dos meses con su presunto abusador sexual por orden de una jueza de Familia de Bogotá, y en el momento de la entrega forzada fue maltratada física y psicológicamente en un centro zonal de atención a la infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La defensora de Familia la jaló de los brazos y la retuvo con fuerza ante la negativa de la niña de irse con él, y esto le generó una crisis emocional y de ansiedad”, dice a DW una de las madres que denuncia violencia institucional y de género. 

Le dejaron laceraciones en uno de sus brazos y pecho, en la institución que supuestamente protege los derechos de la infancia, enfatiza la progenitora. 

Le pedimos a la defensora de Familia involucrada en ese caso comentarios al respecto, a lo cual el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar contestó a DW que sobre estos casos se guarda reserva para no revictimizar a los menores de edad, y que respetan la institucionalidad. Y confían en que las decisiones de los jueces siempre derivan de un proceso exhaustivo y responden de manera objetiva a la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Ella, como muchas otras madres, denuncia el uso de la polémica teoría de la Alienación Parental y el Síndrome de la Alienación Parental (SAP) que sotiene, según su acuñador e inventor, el médico estadounidense, Richard Alan Gardner 1985, que es la madre quien inventa el abuso sexual infantil para interferir en la relación paterno-filial.

Esta teoría la utilizan diversos sistemas judiciales en Latinoamérica, a pesar de que no está reconocida por la comunidad científica internacional, ni por la Asociación Americana de Psiquiatría, y ha sido rechazada incluso por el Comite? de Expertas del MESECVI-OEA (Mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará) y por la Relatora Especial Violencia contra las mujeres y las niñas de la ONU. (Puede descargar el documento de OEA y ONU DD. HH. en PDF más abajo en este artículo).

Su hija le había contado a los 5 años de edad, sobre tocamientos inapropiados en sus partes íntimas por parte del padre, relato que desestimó el sistema de protección infantil bajo la teoría mencionada, continúa contando la madre, quien finalmente perdió la custodia de la niña porque el sistema de protección estimó que la niña repetía un guión elaborado por su madre.

Sylvia Mesa Peluffo, experta designada por Costa Rica para el Comité de Expertas del MESECVI – OEA, dijo a DW que, "acusar a una mujer de haber implantado en la mente de su niño la idea de que el padre lo abusa, es una nueva forma de violencia”, contra la mujer. El Mecanismo de la OEA ha instado a eliminar esta figura en sus Estados miembro. 

Otro grupo de madres colombianas confirma a DW que, en varias de las conclusiones de los impartidores de justicia, tras haber ellas denunciado presunto abuso sexual a sus hijos, aparece mencionada la teoría de la Alienación Parental y otros derivados como "madre maliciosa”, "obstaculizadora”, "interferencia parental” e incluso "problemas de pareja”, que terminan invisibilizando el presunto abuso, dejándolo en la impunidad.

Según Mesa Peluffo, "el creador de esta figura, Richard Alan Gardner, defendía a hombres abusadores sexuales e inventó esa teoría para ayudarlos”. El médico estadounidense buscaba establecer que el abuso sexual era inexistente y que eran las madres las que implantaban la falsa idea de violencia contra sus niños para dejar impunes esos delitos, explica Mesa, quien, además, subraya que hace falta capacitación para los operadores de justicia en materia de género y derechos humanos de las mujeres.

Por su parte el exjuez de la Cámara Federal de Argentina Carlos Rozanski, actual presidente de la Asociación Civil de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales, dijo en entrevista con DW que la teoría de la Alienación Parental es " una creación perversa y sin contenido, ni rigor científico alguno. Sin embargo, el falso concepto se instaló en distintos lugares del planeta y pasó a ser el argumento más tradicional de defensa de los agresores sexuales de niños”, comenta el jurista argentino.

La mayoría de madres que pudo entrevistar DW comentaron que, dentro del sistema de protección, a ellas además las estereotipan, las señalan como mentirosas, celosas, "despechadas”," desarregladas", e incluso las han mandado "a buscarse un novio" cuando se atreven a denunciar violencia intrafamiliar, psicológica o sexual en contra de sus parejas o exparejas.

"A mi me dijeron que 'cómo podía desconfiar de un hombre bien vestido y amable que asegura amar a sus hijos'”, dice una de ellas en Bogotá, y otra cuenta que una Comisaria de Familia le dijo que agradeciera que el señor la ayudaba económicamente.

La psiquiatra colombiana Isabel Cuadros, directora de la Asociación Afecto señaló a DW que, "las mujeres sufren violencia institucional cuando no se les cree” y enfatiza que cuando los niños y las niñas hablan de abuso sexual es porque eso, efectivamente, les ocurrió. Especialmente los más pequeños, ya que "no tienen capacidad de inventar una historia que tiene elementos perceptuales y de trauma psicológico”, remarca Cuadros.

La reconocida psiquiatra denuncia asimismo haber sufrido persecución judicial por parte de los presuntos abusadores, por intentar defender a los niños que acuden a su consultorio por temas de abuso sexual.

En Colombia, se logra hacer justicia en solo el 3% de los delitos sexuales infantiles, según datos de Alianza por la Niñez.

Una madre argentina entrevistada por DW manifestó temer por su vida y la de su hija, pues se enfrenta a una expareja que ha ejercido violencia sexual y psicológica en contra de ambas.

Tras denunciar a su ex ante la Justicia, en vez de que lo alejaran de ellas, le otorgaron visitas más amplias y pernoctaciones con la hija, a pesar de que esta evidenciaba comportamientos compatibles con abuso: se orinaba en la cama, sufría de pánico nocturno, e incluso, tras los encuentros con él, empezó a mostrar un retroceso en el habla, cuenta la madre. 

Además, señala esta mujer de 40 años desde el noreste argentino, dice que tuvo que soportar que a su hija de seis años la hostigaran, la presionaran para que dijera la "verdad” y no mintiera más sobre el abuso sexual del padre. "Le decían que tenía que perdonarlo, 'se puede volver bueno', le insitían a mi hija, durante una audiencia que tuve que grabar a escondidas para evidenciar la violencia institucional y de género que sufríamos", puntualiza. Y añade que las autoridades "mintieron en el acta de la audiencia".

"Intentan siempre revincular al padre a la familia y a los niños, los empiezan a presionar a los menores. Incluso les mienten, les dicen: "tu madre se va a morir porque tú estás diciendo mentiras”, denuncia la mujer. 

En Argentina, a pesar de que la teoría ya ha sido rechazada por el Ministerio de Desarrollo Social de Argentina, algunos funcionarios del sistema judicial la siguen utilizando en sus decisiones, separando a las niñas y niños de sus madres, para entregarlos en custodia a sus presuntos abusadores, tal y como sucede en otros países de la región.

"A mi me quitaron a mi hija bajo falsas denuncias, interpuestas por el padre de la niña, quien la raptó a la salida del colegio. La jueza encargada del caso no me escuchó nunca y arbitrariamente le dio a él la custodia”, dice a DW un madre afectada desde Barranquilla, Colombia. 

Asegura que tampoco le aceptaron la recusación para que otro juez evaluara su caso e incluso, le quitaron la patria potestad en un proceso lleno de irregularidades y presunta corrupción, denuncia.

En Bogotá, otra madre explica que tuvo que acudir a la acción de tutela para defenderse del sistema de protección infanti, para que los derechos de su hija fueran respetados.

Un despacho judicial había otorgado visitas al presunto abusador sexual de la menor de edad, desconociendo el precedente constitucional que establece la protección de la mujer y la niña contra cualquier tipo de violencia, particularmente contra la violencia de género. (Puede descargar el documento "Tutela" en PDF más abajo en este artículo).

La Secretaria de la Mujer en Bogotá, Diana Rodríguez, en la administración de Claudia López, alcaldesa de Bogotá, explica a DW que para evitar esa violencia institucional se ha llegado a los espacios institucionales donde las mujeres acuden a buscar justicia y la garantía de sus derechos. 

"Hemos estado ahí para evitar y reducir los problemas de violencia institucional y mejorar su acceso a la justicia”, dice Rodríguez. "La desconfianza institucional por obstáculos en los procesos es una de las principales razones por las que las mujeres no denuncian”, detalla en entrevista con DW.

Por su parte, una Defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que prefiere no dar su nombre, asegura que sí hay funcionarios vulneradores de los derechos de mujeres y niños por falta de capacitación y formación en derechos humanos niñez y de género. 

Dice también que la "Alienación Parental” es una teoría implantada en el escenario por quien la trae como defensa. Pero que, generalmente, en las defensorías colombianas se parte de creerle al niño o a la niña.

En 2010 fue sancionada la Ley de la Alienación Parental en Brasil, avalando esta controvertida teoría, que el Consejo de Salud brasilero solicitó derogar a comienzos de 2022, por considerar que violenta los derechos de las mujeres y los niños, siguiendo la línea de varios expertos de la ONU que han escrito al gobierno brasilero una recomendación para la abolición de esa Ley.