Ex directora jurídica Daniela Durán de YPFB llega a La Paz y es ingresada a celdas de la Felcc

La ex directora Durán fue aprehendida el lunes (10), luego de presentarse de forma voluntaria a prestar declaraciones por los contratos de adquisición y distribución de carburantes contaminados que afectarán a millas de motorizados del parque automotor.

Estaba encargada de la revisión de los contratos de la petrolera pública con las firmas proveedoras de combustible. Se la acusa de incumplimiento de deberes, ya que la gasolina contaminada salió al mercado y provocó daños en gran cantidad de motorizados.

Desde Yacimientos indicaron que respetan el proceso de investigación. Durán, con experiencia en el área legal de la petrolera estatal y el sector hidrocarburífero, adquirió un cargo clave en la revisión jurídica de contratos de combustibles antes de ser aprehendida este lunes,

Abogada con trayectoria en el sector hidrocarburífero, pasó este lunes de ocupar cargos estratégicos dentro de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a convertirse en una de las personas investigadas en el caso de la gasolina desestabilizada o “gasolina basura”.

La exdirectora jurídica de YPFB Corporación fue aprehendida en Santa Cruz y trasladada a dependencias del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc), en la zona del Plan Tres Mil. El fiscal Luis Alberto Hurtado confirmó la detención y señaló que se coordinará con la Fiscalía de La Paz para definir su traslado a la sede de Gobierno, donde radica la indagación.

La investigación apunta a su participación en la autorización y respaldo jurídico de contratos relacionados con la adquisición de combustible que posteriormente fue cuestionado por sus problemas de calidad. Los delitos que se investigan son: incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Trayectoria profesional vinculada principalmente al derecho empresarial, contractual y al sector de hidrocarburos.

En su perfil profesional de LinkedIn se presenta como abogada y asesora legal especializada en la industria del petróleo y gas. Entre sus áreas de experiencia se menciona la negociación de contratos comerciales, derecho corporativo, derecho tributario, propiedad, análisis financiero y estrategia de fijación de precios. El mismo perfil registró estudios de Finanzas en la Universidad de Santiago de Chile entre 2006 y 2007 y experiencia profesional en YPFB Corporación.

YPFB Andina muestra que Durán ya ocupaba responsabilidades en el área legal de la compañía años atrás.

La memoria anual de YPFB Andina correspondiente a 2019 la identifica como gerente de Asuntos Legales de la empresa. Además, un documento institucional de 2020 señala que fue incluido como apoderada alterna de la sociedad, junto con otros ejecutivos.

La trayectoria también aparece vinculada a la administración de Yussef Akly. En 2020, cuando Akly era gerente general de YPFB Andina, Durán figuraba entre los ejecutivos con poderes de representación de la sociedad.

La investigación fiscal se concentra en la denominada gasolina desestabilizada, un combustible que comenzó a generar denuncias después de que se detectan problemas de calidad y daños en vehículos.

De acuerdo con los antecedentes difundidos durante la investigación, los contratos relacionados con la provisión del combustible son parte central del proceso. Entre las empresas mencionadas aparecen Vitol y Trafigura, dos de los proveedores internacionales con los que YPFB mantenía acuerdos.

El Gobierno suspendió el 31 de marzo los contratos y la recepción de gasolina de ambas compañías mientras avanzaban las investigaciones sobre la calidad del combustible.

En abril, la entonces presidenta de YPFB, Claudia Cronenbold, informó —según la versión difundida por el diputado Carlos Alarcón— que uno de los principales factores detrás del problema estaba relacionado con la compra de gasolina base a Vitol, producto que debía ser mezclado con etanol y que, además, había sido almacenado en tanques con residuos y sedimentos.

El informe de una comisión especial de la Cámara de Diputados posteriormente sostuvo que el ingreso, internación y comercialización de la gasolina desestabilizada no obedeció a un hecho aislado, sino a una cadena de decisiones, omisiones administrativas y deficiencias técnicas. El documento identificó posibles responsabilidades en distintos niveles de la administración pública y de YPFB.

Es en ese contexto que la Fiscalía amplió la investigación hacia funcionarios y exfuncionarios que tuvieron participación en las decisiones relacionadas con la compra y manejo del combustible.