Interpelación a ministros de Justicia y Minería sobre caso Quiborax concluye con un voto de confianza

Interpelación a los ministros de Justicia, Héctor Arce, y de Minería, César Navarro, en la Asamblea Legislativa, por el caso Quiborax, concluyó la tarde del miércoles con un voto de confianza de los asambleístas asistentes.

"#ALP aprueba orden del día puro y simple y emite voto de confianza a los ministros", señala un mensaje de la Cámara de Senadores en su cuenta oficial en Twitter.

Era la novena sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que se instaló aproximadamente a las 9:30, ambos ministros respondieron a preguntas planteadas por los asambleístas interpelantes, integrantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), destinadas a esclarecer los errores cometidos en el proceso que derivó en el pago de una millonaria indemnización.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) falló para que Bolivia pague 42,6 millones de dólares a la empresa chilena Quiborax, tras la reversión de una concesión en el salar de Uyuni para la explotación de ulexita, ejecutada en 2004.

Iniciada la interpelación llegó al hemiciclo el expresidente Carlos Mesa, y actual portavoz de la causa marítima, para escuchar en persona las explicaciones de los ministros de Estado. 

Mesa afronta ante la Fiscalía un proceso planteado por la Procuraduría bajo el argumento de la existencia de errores en la reversión de los intereses de la chilena Quiborax, que derivó en el pago de una indemnización millonaria por parte del Estado boliviano. 

Expresidente Carlos Mesa, a quien apunta el Gobierno como responsable del caso Quiborax, consideró que la interpelación que el oficialismo auspició en el Legislativo por ese mismo asunto contra los ministros de Minería y Metalurgia, César Navarro, y de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, es un anticipo del trámite de acusación que valida un juicio de responsabilidades.

“Más que interpelación, esto parecía un acto adelantado de la apertura de una acusación en contra de Carlos Mesa, que es lo que probablemente se producirá si el Fiscal General del Estado decide abrir una acusación en nuestra contra”, declaró Mesa a la salida del acto de fiscalización que se instaló después de las 09.00. “Ha sido simplemente la ratificación de una acusación en contra de Carlos Mesa y manipulada por el oficialismo”, sostuvo.

En la interpelación, Arce cito dos informes del gobierno de Mesa que no recomendaron la expulsión de mesa, uno de ellos fue “lapidario”, aseguró, puesto que da cuenta de “ serios problemas jurídicos”. Además, aseguró que se le invita a “inventarse’ supuestos “vicios en la tramitación de la concesiones”.

ministro de Justicia, Héctor Arce, afirmó el miércoles que el decreto para la reversión de la concesión de la empresa chilena Quiborax, promulgado por el expresidente Carlos Mesa, fue mencionado 86 veces en el laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

"En el laudo arbitral está 86 veces mencionado este decreto, es el fundamento, y está 16 veces mencionado este informe, este informe que ustedes lo conocen que data del 8 de diciembre de 2004 y que dice que el proceso, mediante el Decreto 27589 de junio de 2004 se da la revocatoria", dijo en la sesión de interpelación en la Asamblea Legislativa.

Arce descartó que se pretenda perjudicar al expresidente Mesa porque el proceso se conoció mediante un informe de 2008 del ex Ministerio de Defensa Legal del Estado, ahora la Procuraduría General, que explica cómo fueron los procedimientos en el caso Quiborax.  

"No es por perjudicar a nadie aquí, hay un informe del año 2008, hace muchos años cuando no había ningún cambio político a la vista, donde no había ni siquiera la demanda marítima, un espacio que tuvimos gusto de trabajar con el expresidente (Carlos Mesa), no vamos a quitar valores", señaló. 

Agregó que ese informe advierte que el proceso con la empresa chilena está a "punto de convertirse en un problema internacional para Bolivia y dice que el Gobierno boliviano puede intentar llegar a un arreglo amistoso con la empresa".

El Ministro de Justicia indicó que el Ejecutivo hizo todos los esfuerzos jurídicos en la defensa legal del Estado por ese caso, pese a que se intentaron llegar a acuerdos en dos oportunidades, en 2008 y 2016, pero se frustró por que no se cumplió la norma.

"Hay una verdad, la forma como se operó con esta empresa contradiciendo lo que dice la norma, provocando nosotros prueba para que después nos den guerra, es la causa que pudo ser 57 millones de dólares en ese afán se pagó 42 millones", apuntó. 

Ministro de Minería, César Navarro, quien también fue interpelado, indicó que se encontró un informe de 2004, que hacía referencia a una auditoría de las concesiones y operaciones mineras. "Pero no es un informe que haga una evaluación técnica del sistema de explotación y no hace una valoración de los volúmenes de explotación, parece un informe no de auditoría sino técnico que periódicamente tenemos en el caso de minería", mencionó. 

La interpelación a ambos ministros concluyó con un voto de confianza de los asambleístas asistentes. Entre tanto el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, precisó que en los próximos cinco días, hasta el lunes 9 de julio, su despacho publicará la resolución conclusiva que determinará si corresponde o no activar el inicio de un juicio de responsabilidades contra Mesa.