Fiscalía pide 20 años de prisión para Fernando Camacho y presenta acusación por el caso "golpe I"

20 años de prisión para Luis Fernando Camacho Vaca, Luis Fernando López y los generales Williams Kaliman Romero y Vladimir Yuri Calderón Mariscal. 15 años de presidio para Marco Antonio Pumari, Jeanine Áñez Chávez y Jorge Hermes Fernández Toranzo. Ese el pedido que presentó la fiscalía de La Paz en la acusación formal que presentó por el caso de supuesto ‘golpe I’.

“El delito de terrorismo contempla una pena de 15 a 20 años, esa es la pena que está pidiendo el Ministerio Público al momento del inicio del juicio ante el Tribunal de Sentencia para que imponga esa sanción”, dijo el fiscal a cargo del caso, Omar Mejillones.

Recordemos que Luis Fernando Camacjho Vaca está contra las cuerdas en la arena judicial. Tiene al menos seis procesos abiertos por el Ministerio Público, dos de ellos con acusación formal, listos para juicio oral. Y cumple un año de detención preventiva en la cárcel.

El miércoles 28 de diciembre de 2022, a las 14.15, el gobernador de Santa Cruz firmaba la ejecución de su orden de aprehensión. Su captura en un operativo sorpresa de la Policía evadió a los dos anillos de su equipo de seguridad de 45 personas. El mandamiento de la Fiscalía estaba congelado por dos meses, desde el 31 de octubre.

Ese día se organizó el operativo meticulosamente. No era para menos. El Gobernador tenía 45 personas a cargo de resguardarlo, “algunas con entrenamiento militar y con autorizaciones de porte de armas de fuego”. Se desplazaban en caravanas de entre tres y seis vehículos “de alta gama y cilindrada, todos con vidrios obscuros”, reveló en una interpelación el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

“Estos elementos fueron analizados para dar cumplimiento a la orden de aprehensión”, subrayó Del Castillo. “De esto no se habla… Se pudo evidenciar que el equipo tenía instrucción policial, gente entrenada en Israel, capacitada en el (equipo de élite) SWAT (de Estados Unidos) y probablemente en la CIA (Agencia Central de Inteligencia)”.

De los 45 integrantes, continuó el ministro, había cuatro choferes. El primer anillo de seguridad comprendía hasta ocho personas, y la restante treintena estaba en el segundo círculo. Del Castillo describió a siete miembros. “Algunos ejercían y ejercen cargos en la Gobernación” de Santa Cruz, remató.

“Estos sujetos armados… pudieron haber impedido el trabajo de la Policía y la Fiscalía”. Aparte, develó que Camacho tiene seis armas que figuran en el Registro de Armas de Fuego y Municiones de Uso Civil (REAFUC), y que las primeras fueron inscritas precisamente en el gobierno de Áñez, cuando el ministro era Arturo Murillo.

Así, el caso Golpe de Estado I tenía al principal acusado en las manos de las autoridades. Posteriormente comenzó otro operativo para trasladar al expresidente cívico hasta la ciudad de La Paz. Una celda de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) lo esperaba;?más aún, la comisión de fiscales a la que había eludido. 

Se lo imputó por el delito de terrorismo, en el caso abierto por Lidia Patty, exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), a finales de 2020, apenas se cerraron las cortinas del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, a quien Camacho ayudó a llegar al poder tras la caída del presidente Evo Morales.

Dos días después de su detención, el exmandamás del Comité pro Santa Cruz fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, con detención preventiva de cuatro meses, la que se extendió hasta la fecha. Desde allí dirige a la Gobernación cruceña, en medio de polémica, tras haber sido “blindado” en su cargo por la Asamblea Legislativa Departamental.

El caso Golpe I indaga el derrocamiento de Morales en 2019. El martes 12 de noviembre de ese año. Áñez tomaba las riendas del Estado en una polémica sesión en el Legislativo.

Hoy, la exsenadora está encarcelada por ello, en el caso Golpe de Estado II. La Fiscalía probó que llevó a cabo una sesión sin quórum y sin haber respetado el reglamento del Senado.

Se la condenó a 10 años de prisión, sentencia oleada y sacramentada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Camacho fue su aliado, porque empujó a la caída de Morales, en medio de denuncias de fraude en las elecciones que le dieron por ganador en octubre para una nueva reelección. El entonces cívico dirigió las protestas, que se alimentaron de un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas para la renuncia presidencial.

Más tarde, Camacho, en una bocanada de sinceridad que fue plasmada en un video viral, admitió que antes de dar a Morales el ultimátum para su renuncia en 48 horas, su padre, José Luis Camacho, había “cerrado” con efectivos policiales y militares para que permitan esto y descarten salir en defensa del jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), quien luego partió a México, donde consiguió asilo.

Durante este año de encierro, Camacho y su defensa legal denunciaron que es un “preso político”, y ha recibido varios reveses judiciales por los recursos que presentó para defenderse en libertad. Para esto esgrimió su cuadro de salud, alegando que sufre una enfermedad que requiere de atención y cuidados especializados. No obstante, un junta médica se ha hecho cargo de esta situación. 

Incluso en septiembre se armó un gran operativo para trasladar al Gobernador a un hospital de El Alto, bajo la organización de la Dirección de Régimen Penitenciario, con casi tres decenas de uniformados. En total, fueron 18 estudios médicos que se realizaron bajo la cobertura del Sistema Único de Salud (SUS), con especialistas de tercer y cuarto nivel. El costo de ello sobrepasó los $us 3.000. 

Si bien Camacho ingresó a Chonchocoro bajo la acusación del caso Golpe I —que se amplió a delitos como seducción de tropa, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa…—, ya tiene más detenciones preventivas dispuestas en otros procesos. Más aún, la Fiscalía anunció que ya tiene lista la acusación formal por el caso Golpe I, pero aún no adelantó los nombres de los sindicados.

Este puede ser el tercer proceso por el que Camacho puede ya afrontar un juicio oral, ya que también cuenta con acusación formal en los casos Decretazo y Carro Bombero. Solamente resta que los tribunales definan fecha y hora.