La Paz 04 de Octubre de 2026, 23:13
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Abogada Nadia Beller pregunta: ¿Investigará el nuevo Fiscal General al Gobierno de Rodrigo Paz? ¿Se restituirá el estado de derecho en Bolivia?
También Beller pregunta, ¿cómo puede hablarse de una lucha efectiva contra ambos fenómenos mientras dentro de un gobierno aliado el de Bolivia se acumulan denuncias de corrupción y aparecen funcionarios de primera línea señalados en investigaciones o por autoridades estadounidenses?
publicado en 04 / Oct / 26En su cuenta de Facebook la abogada Nadia Beller detalla 26 puntos claves para la investigación y transparentar la veracidad o no de los mismos, conozcamos a continuación:
“Después de la ilegal destitución de Roger Mariaca y de la inconstitucional reforma exprés que dio curso a su suspensión definitiva, la Asamblea eligió a José Armando Urioste Viera como Fiscal General interino; la pregunta es si se investigarán todos estos hechos de corrupción ocurridos en menos de un año de Gobierno de Rodrigo Paz”:
1. Cerimedo asesor del Presidente: tentativa de feminicidio contra mí, violencia familiar, usurpación de funciones, enriquecimiento ilícito y presuntos vínculos de protección a redes de narcotráfico.
2. Las 32 maletas de Viru Viru: Laura Rojas, investigada por el ingreso irregular de las maletas, habría trabajado en el equipo político-comunicacional de Paz y estrechamente con Cerimedo durante la campaña.
3. Los 189,5 kilos de oro: ¿se investigará también al ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, y a su entorno familiar, después del audio donde se lo escucha a Cerimedo sobre una supuesta gestión para evitar la aprehensión del joven que transportaba el oro?
4. “Gasolina basura”: el presunto favorecimiento a Futura, en la que estarían involucrados presuntamente Cerimedo, Brad Parscale y la madre de los hijos de Cerimedo; existen audios sobre operaciones y comisiones de este entorno de lobby político.
5. Corrupción en YPFB: denuncias, cuentas irregulares, manipulación de sistemas y presuntos desvíos de combustible. Además de usurpación de funciones en la designación de personal.
6. Desvío en la ANH: 22 millones de litros de combustible detectados como desviados en un mes, con unas 30 personas investigadas y vulneraciones del sistema B-SISA.
7. Aduana y el caso Soto de la Vía: las irregularidades del caso de las maletas, funcionarios suspendidos y procesados por incumplimiento de deberes, receptación y encubrimiento; además de los cuestionamientos posteriores a la gestión del expresidente de Aduana, Alberto Soto de la Vía.
8. SEGIP: presunta venta de licencias de conducir, pagos de autoescuelas y cambios irregulares de identidad hasta de personas sentenciadas en países vecinos; además, el audio presentado por Lara en el que Cerimedo y el jefe de Inteligencia Erick Correa hablan de intervenir en el SEGIP para cambiar identidades de personas no identificadas, como lo hicieron en gestiones pasadas con los narcotraficantes.
9. “Golden Boys”: audios y denuncias sobre presunta recaudación y compra de destinos dentro de la Policía.
10. SENASAG: asesinato de Mauricio Aramayo y la hipótesis fiscal de que no quiso ser parte del esquema de corrupción de esta institución.
11. María Argentina Rojas: designación en Aduana pese a los cuestionamientos por su expulsión de Brasil vinculada al narcotráfico; además, actualmente existe una orden de aprehensión en su contra dentro de la investigación por la tentativa de feminicidio contra mí.
12. DGAC/Beni: denuncias sobre presunta venta de cargos por parte de Yalitza Abularrach y, al mismo tiempo, las interrogantes sobre el control de las operaciones aéreas vinculadas al narcotráfico en coordinación con Cerimedo.
13. Narcotráfico en Beni: el audio presentado por Edmand Lara, atribuido a Cerimedo, sobre pagos de US$15.000 por avioneta, presunto control aéreo y coordinación con el entonces jefe de la FELCN, Franz Cabrera.
14. El dinero recaudado en Beni y trasladado en un avión militar: debe investigarse el dinero que era trasladado desde el BEN, lugares donde presuntamente recaudaba Cerimedo o coordinaba Cerimedo con Cabrera, y si ese dinero llegaba hasta el ministro de Gobierno. También debe investigarse quién autorizaba, recibía, trasladaba y controlaba esos recursos.
15. Franz Cabrera: continuó ocupando cargos de alta responsabilidad y confianza policial hasta septiembre, incluso como Inspector General, y posteriormente fue retirado de la Policía y perdió su visa estadounidense por señalamientos de presuntos vínculos con narcotráfico.
16. Erick Correa: los chats atribuidos a Cerimedo muestran comunicación con “ECG” durante el ataque contra mí, a manera de supervisión de la escena del crimen; Correa fue señalado públicamente como jefe de Inteligencia de la FELCN y existen cuestionamientos sobre su desobediencia y ruptura de la cadena de mando por obedecer a Cerimedo y no a sus comandantes cuando le solicitan información. Esto debe ser esclarecido dentro de la investigación de la tentativa de feminicidio.
17. Rubén Aparicio: policía que continuó en la gestión de Rodrigo Paz, mencionado en las investigaciones relacionadas con Marset por organización criminal y tráfico de sustancias ilícitas.
18. Cajas fuertes de Marset: una caja no reportada inicialmente por Inteligencia, otra que apareció posteriormente con dinero, euros y relojes, y dos cajas que fueron abiertas públicamente y aparecieron vacías.
19. La “maleta negra” del Ministerio de Gobierno: las denuncias y contradicciones sobre una supuesta maleta vinculada al Ministerio de Gobierno que el ministro Marco Oviedo negó haber recibido.
20. Viacha: también debe investigarse a los actuales altos mandos del Ejército y del Ministerio de Defensa. La actual administración tenía la obligación de recibir el material con inventario y, al advertir que existía material que no podía ser almacenado en esas condiciones, tenía la obligación de ordenar oportunamente su destrucción, y no lo hizo. Debe establecerse quién recibió ese material, qué se inventarió, qué se debía destruir, qué se destruyó, qué permanecía almacenado y las responsabilidades por las muertes y lesiones ocasionadas por las explosiones. El propio Ejército informó posteriormente de la existencia de actas de recepción, inventario, desactivación, destrucción e incineración de material explosivo de gestiones anteriores.
21. El avión siniestrado y la destrucción de los billetes: debe investigarse la orden de destrucción e incineración de los billetes del avión siniestrado, quién impartió esa orden, bajo qué autoridad y si se cumplió el conducto regular. La Fiscalía ya informó que investigaría las autorizaciones para la quema y las posibles responsabilidades por destrucción de bienes del Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
22. Los policías y el dinero encontrado: policías fueron encontrados con dinero que supuestamente se estaría trasladando a La Paz y, en su momento, se dijo que ese dinero tendría como destino altas esferas políticas. Esto también debe ser investigado para establecer su origen, destino, destinatarios y finalidad.
23. Patrimonio del entorno presidencial: denuncias recientes sobre empresas y propiedades millonarias en Florida vinculadas a la esposa y cuñadas de Rodrigo Paz y a su entorno familiar, que requieren investigación documental sobre origen de fondos y beneficiarios.
24. Boca Ratón: el avión presidencial permaneció aproximadamente 66 horas en la zona después de la agenda oficial de Paz en Nueva York, sin explicación pública suficiente sobre el motivo de esa escala.
25. Antecedentes de Rodrigo Paz: también existe una denuncia reciente que cuestiona la presunta alteración o eliminación de antecedentes vinculados con su habilitación electoral; si existe documentación sobre ello, debe ser sometida a investigación y pericia, no simplemente descartada.
Ante todo esto aparece una gran duda sobre el “Escudo de las Américas”.
El Escudo de las Américas se presenta como una iniciativa para combatir el narcotráfico y la corrupción. Pero ¿cómo puede hablarse de una lucha efectiva contra ambos fenómenos mientras dentro de un gobierno aliado el de Bolivia se acumulan denuncias de corrupción y aparecen funcionarios de primera línea señalados en investigaciones o por autoridades estadounidenses?
Existe un antecedente nefasto que no puede ignorarse para entender esta situación: Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, fue condenado en Estados Unidos a 45 años por conspiración para introducir cocaína en ese país, pero además por haber convertido a Honduras en un narcoestado, y Donald Trump posteriormente le concedió un indulto. Esto nos da a pensar que a los amigos de Trump no les llega la justicia, se les perdona todo; para con ellos se aplica la lógica de dejar hacer, dejar pasar, y como ahora Rodrigo Paz y Cerimedo están ungidos con su gracia, quedarán en impunidad.
Y finalmente, la segunda gran pregunta es: ¿el Fiscal General coadyuvará al autoritarismo envalentonado del gobierno que se siente triunfante por su jugada en pro de impunidad, permitiendo advertencias a la población como las vertidas por parte del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, que básicamente amenazó: “o están con nosotros o se atienen a las consecuencias”, “a quienes estén del otro lado se les combatirá”?
Beller analiza: ”La comparación histórica es inevitable: Luis Arce Gómez, ministro del Interior de la dictadura de Luis García Meza, amenazó en 1980: “Todos aquellos elementos que contravengan con el decreto ley tienen que andar con su testamento bajo el brazo, porque vamos a ser taxativos, no va a haber perdón.”
“Sin dejar de lado la deleznable amenaza del Vocero al parlamento”.
También cuestiona:
“Entonces es legítimo preguntarse si, después de todo esto, se restituirá el Estado de derecho en Bolivia con el recién electo Fiscal General o se profundizarán la corrupción gubernamental impune y el autoritarismo del opa que se siente forzudo y se vuelve potroso”.
Nadia Beller cierra con:
“La pregunta que está obligado el nuevo Fiscal General a responder es:
¿investigará al poder, incluyendo al propio Gobierno de Rodrigo Paz y su entorno que lo encumbró en el cargo, o estas denuncias quedarán en nada?”
