Informe del GIEI ratifica que FFAA y Policía dispararon con armas letales en Senkata y cometieron una "masacre"

“El informe de la GIEI es una expresión clara de la libertad de expresión y vigencia plena de la democracia en Bolivia. La investigación es el resultado de un trabajo de ocho meses por un grupo disciplinario de cinco expertos totalmente independiente”, afirmó la ministra de Trabajo, Verónica Navia, citada en un boletín institucional.

Diferentes organizaciones sociales afiliadas a la Central Obrera Departamental (COD) de Beni y la ministra de Trabajo, Verónica Navia, recibieron el informe de la GIEI sobre la violación de los derechos humanos durante el golpe de Estado de 2019.

 informe ratifica los hechos de violencia ocurridos en Senkata (El Alto), Sacaba (Cochabamba), el Pedregal (La Paz), Montero (Santa Cruz), además de Potosí, Sucre y Oruro, ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

Navia sostuvo que la violencia ejercida contra el pueblo “tuvo un alto contenido racista porque se apeló a la identidad étnica para identificar a supuestos terroristas y comunistas contrarios al régimen golpista".

El informe, contemplado en más de 750 páginas, recopila testimonios “desgarradores cuyas características evocan las dictaduras militares de los años 70 y 80 por el uso excesivo de fuerza por parte de policías y militares, apoyados por grupos civiles y paramilitares”, explico la autoridad laboral.

informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) confirmó que las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana utilizaron armas letales en su intervención en la zona de Senkata de El Alto durante el 19 de noviembre de 2019 y que provocaron heridos y muerte de ciudadanos. Indica que lo sucedido fue una “masacre”.

“Las Fuerzas Armadas y la Policía no admitieron haber usado armas letales, las evidencias recabadas por el GIEI indican que los disparos que resultaron en muertos y heridos se originaron en estas fuerzas de seguridad”, se lee en parte del informe.

El documento recuerda que, en el contexto del conflicto electoral y protestas sociales, el 11 de noviembre de 2019, los habitantes de El Alto realizaron bloqueos en calles y avenidas. Uno de los principales cercos se realizó en las inmediaciones de la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de Senkata.

“Los bloqueadores cavaron zanjas frente a las puertas de la planta y realizaron vigilias para impedir la salida de camiones. Si bien las protestas en Senkata iniciaron el 10 de noviembre, las demandas se extendieron al repudio a la asunción de Jeanine Áñez a la presidencia y a otros temas políticos y sociales (sic)”, se lee en otra parte del informe.

Recuerda que vecinos simpatizantes del Movimiento Al Socialismo se oponían a que un régimen haya tomado el poder exactamente una semana antes, el 12 de noviembre, dos días después del golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019, cuando el entonces presidente Evo Morales dimitió al cargo ante la escalada de violencia nacional y denunciara un golpe de Estado.

“El 19 de noviembre de 2019, el ejército y la policía ejecutaron un operativo conjunto con la finalidad de garantizar la salida de camiones de la planta YPFB de Senkata, ciudad de El Alto, para el reabastecimiento de combustible en el departamento de La Paz. Lograron organizar un convoy para la salida de 47 cisternas y camiones de garrafas de gas (sic)”, se lee en el informe.

“Luego de la salida de los camiones, alrededor de una centena de manifestantes derribaron partes del muro perimetral de la planta YPBF y quemaron cuatro vehículos incautados que estaban en desuso, en una zona de la planta sin uso operacional. Intentaron ingresar al recinto por un portón en el extremo sur de la planta. Las fuerzas de seguridad reaccionaron con un uso desproporcionado de la fuerza. Como resultado, diez personas perdieron la vida y alrededor de 78 resultaron heridas”, añade.

GIEI destaca que uno de los principales argumentos mediante los cuales las autoridades intentan justificar la actuación de las fuerzas de seguridad durante el operativo de Senkata se basa en la tentativa de los manifestantes de invadir la planta y provocar un incendio tras el derrumbe del muro.

El informe acota: “Independientemente de la efectiva cadena de mando sobre las distintas fuerzas que componían la escolta del convoy, el planeamiento y la orden para ejecución de la operación fueron del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas”.

“El GIEI constató que, a partir del derribamiento del muro, las fuerzas de seguridad desarrollaron una operación de persecución violenta en contra de los manifestantes, el cual resultó en un conjunto de ejecuciones sin amparo legal, a lo largo de seis horas, no solamente en la avenida 6 de Marzo y en el área directamente aledaña a la planta de YPFB, sino también en los alrededores. No se conoce la motivación para el ataque contra civiles, pero es posible concluir que la masacre fue resultado de la acción de los órganos de seguridad del Estado”, se lee.

Según las evidencias recabadas por el equipo de expertos, algunas autopsias realizadas identificaron que las lesiones sufridas por las víctimas fatales fueron producidas por cartuchos de 9 mm o de 22 (5,56 mm). Indica que el armamento utilizado por las Fuerzas Armadas en esas fechas es compatible con esos calibres, según la información recibida de las Fuerzas Armadas, parte de la tropa portaba pistolas de uso personal con munición de 9 mm y también fusiles Galil, los cuales utilizan proyectiles de 22 (5,56 mm) de alta velocidad.

“La dinámica de los hechos, la ausencia de pruebas que demuestren el uso de armas de fuego por los manifestantes y la compatibilidad entre las lesiones sufridas por las víctimas, los cartuchos hallados, las balas y el armamento utilizado por las fuerzas de seguridad, indican fuertemente que los disparos provinieron de sus armas”, añade el informe.

Respecto a las instalaciones de YPFB, los expertos aseguran que requerían de protección por parte de las fuerzas de seguridad debido a su importancia estratégica y a las actividades desarrolladas allí. Evalúa que dichas fuerzas de seguridad actuaron adecuadamente tanto para garantizar la salida del convoy de camiones, como para proteger la zona de “city gate” de la planta.

“Sin embargo, el empleo de fuerza en contra de los manifestantes tras el derribamiento del muro y el contexto de represión que se desencadenó, no respetaron el límite de lo necesario y la proporcionalidad entre el riesgo y la fuerza empleada. El uso de violencia letal por las fuerzas de seguridad fue excesivo e injustificable”, cuestiona el informe.

Las pruebas recabadas por el GIEI indican que la represión por las fuerzas de seguridad, además de haber ocurrido en gran escala, se extendió hacia áreas distantes de la planta de Senkata. “Esas informaciones refuerzan la conclusión de que las fuerzas de seguridad actuaron sin observar los criterios de necesidad y proporcionalidad”, sostiene.

Cuestiona que los heridos sufrieron discriminación, racismo y denegación de servicios médicos en diversos centros hospitalarios, bajo el argumento de que eran personas simpatizantes del MAS. En algunos casos, hubo negativa de atención médica a personas heridas de bala.

Testimonios:

Jhon Huaranca, el enfermero que fue enviado a la cárcel por salvar vidas en la masacre de Senkata (El Alto) en noviembre de 2019, calificó como "un resultado positivo" para el país el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado al Gobierno este martes.

"Nos han dado el resultado positivo, para muchos de los presos políticos es una alegría (…). No hemos luchado en vano, esta lucha ha sido grande para poder salir adelante, tenemos futuro para nuestros hijos", expresó en contacto con radio Patria Nueva.

Recordó que el 19 de noviembre de 2019, en la masacre de Senkata, fue el único que salvó muchas vidas y vio morir a varias personas en sus brazos. Ante esa situación, lo acusaron de terrorista, cuando lo único que hizo fue ayudar a las personas en su calidad de enfermero.

"He estado en la cárcel (donde) he sido torturado, maltratado totalmente. (Pero ahora) doy gracias a Dios porque el día de ayer, con lágrimas, (le) he dicho a mucha gente, que mi juicio se terminó, no demostraron pruebas", relató.

Añadió que muchos de los presos políticos del gobierno de facto de Jeanine Áñez atravesaron "una muerte civil", no podían trabajar, ni realizar actividades, pero ahora ese informe es una esperanza en la búsqueda de justicia. 

"(Pero) ahora puedo salir al extranjero, como antes salía, para poder estudiar. Me voy a seguir capacitando, voy a ser un enfermero como siempre he sido, voluntarioso para ayudar a la gente", expresó.

Esta jornada, el GIEI presentó a las autoridades del Estado boliviano su informe final sobre los hechos de violencia ocurridos durante 2019 en Senkata, Sacaba (Cochabamba) y Montero (Santa Cruz), en un acto realizado en instalaciones del Banco Central de Bolivia (BCB), en La Paz.

Ejecuciones Ilegales:

GIEI destaca que uno de los principales argumentos mediante los cuales las autoridades intentan justificar la actuación de las fuerzas de seguridad durante el operativo de Senkata se basa en la tentativa de los manifestantes de invadir la planta y provocar un incendio tras el derrumbe del muro.

El informe acota: “Independientemente de la efectiva cadena de mando sobre las distintas fuerzas que componían la escolta del convoy, el planeamiento y la orden para ejecución de la operación fueron del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas”.

“El GIEI constató que, a partir del derribamiento del muro, las fuerzas de seguridad desarrollaron una operación de persecución violenta en contra de los manifestantes, el cual resultó en un conjunto de ejecuciones sin amparo legal, a lo largo de seis horas, no solamente en la avenida 6 de Marzo y en el área directamente aledaña a la planta de YPFB, sino también en los alrededores. No se conoce la motivación para el ataque contra civiles, pero es posible concluir que la masacre fue resultado de la acción de los órganos de seguridad del Estado”, se lee.

Según las evidencias recabadas por el equipo de expertos, algunas autopsias realizadas identificaron que las lesiones sufridas por las víctimas fatales fueron producidas por cartuchos de 9 mm o de 22 (5,56 mm). Indica que el armamento utilizado por las Fuerzas Armadas en esas fechas es compatible con esos calibres, según la información recibida de las Fuerzas Armadas, parte de la tropa portaba pistolas de uso personal con munición de 9 mm y también fusiles Galil, los cuales utilizan proyectiles de 22 (5,56 mm) de alta velocidad.

“La dinámica de los hechos, la ausencia de pruebas que demuestren el uso de armas de fuego por los manifestantes y la compatibilidad entre las lesiones sufridas por las víctimas, los cartuchos hallados, las balas y el armamento utilizado por las fuerzas de seguridad, indican fuertemente que los disparos provinieron de sus armas”, añade el informe.

Respecto a las instalaciones de YPFB, los expertos aseguran que requerían de protección por parte de las fuerzas de seguridad debido a su importancia estratégica y a las actividades desarrolladas allí. Evalúa que dichas fuerzas de seguridad actuaron adecuadamente tanto para garantizar la salida del convoy de camiones, como para proteger la zona de “city gate” de la planta.

“Sin embargo, el empleo de fuerza en contra de los manifestantes tras el derribamiento del muro y el contexto de represión que se desencadenó, no respetaron el límite de lo necesario y la proporcionalidad entre el riesgo y la fuerza empleada. El uso de violencia letal por las fuerzas de seguridad fue excesivo e injustificable”, cuestiona el informe.

Las pruebas recabadas por el GIEI indican que la represión por las fuerzas de seguridad, además de haber ocurrido en gran escala, se extendió hacia áreas distantes de la planta de Senkata. “Esas informaciones refuerzan la conclusión de que las fuerzas de seguridad actuaron sin observar los criterios de necesidad y proporcionalidad”, sostiene.

Cuestiona que los heridos sufrieron discriminación, racismo y denegación de servicios médicos en diversos centros hospitalarios, bajo el argumento de que eran personas simpatizantes del MAS. En algunos casos, hubo negativa de atención médica a personas heridas de bala.

De acuerdo con el Plan de Operaciones 04/19, el operativo en el Puente Huayllani fue implementado por la Policía y por el Comando Estratégico Operacional Central del Departamento de Cochabamba.

El día 15 se instaló un cordón policial-militar a la altura del Puente Huayllani, cuyo objetivo era impedir el acceso de los manifestantes a Cochabamba. De acuerdo con el plan operativo, la primera y segunda línea estaban conformadas por la Policía, la tercera línea por unidades del Ejército y la cuarta por efectivos de la Fuerza Aérea, indica el informe del GIEI.

La Policía actuó según la Orden de Operaciones 197/2019, “Operaciones Conjuntas Policial Militar para el restablecimiento del orden púbico” del Comando Departamental de la Policía de Cochabamba. A cargo de un coronel, se desplegaron 123 funcionarios policiales. De acuerdo con un testimonio recibido por el GIEI, la Policía reforzó el contingente con funcionarios de la Unidad de Operaciones Tácticas (UTOP) y con efectivos del Grupo Delta. En la segunda línea había 32 efectivos de la UTOP, 20 en motocicletas.

El día de la masacre de Sacaba, a las 14.00, se ordenó reforzar con una patrulla de satinadores, dos ECA (Equipo de Control Antidisturbios) de la Séptima División de Ejército ubicados en tercera línea en el Puente Huayllani. A las 14.15 envió dos ECA de la Segunda Brigada Aérea al Puente Huayllani (cuarta línea). A las 15.15 se reforzó el sector del Puente Huayllani con 200 policías más la unidad de respuesta móvil de la UTOP. Es decir, entre las 14.00 y 15.15, cuando aún no comenzaba el lanzamiento de gases, fue aumentando progresivamente la dotación de fuerzas de seguridad en el Puente Huayllani.

“Con respecto a las unidades del Ejército, informes de la Séptima División de Ejército y del Regimiento Policía Militar 3 permiten establecer que: A las 7.00, por orden del coronel DAEN Jorge Hidalgo Rojas, encargado de operaciones de la Séptima División, se trasladó al Puente Huayllani un ECA del Regimiento de Policía Militar 3 General Arze, a cargo del teniente de infantería Gonzalo Chávez Quispe, para controlar ‘explosivos y armas’ que pudieran portar los ciudadanos del Trópico. Los equipos de control antidisturbios se identifican por el nombre del oficial a cargo, por lo que esta unidad se denominó ECA Chávez y estaba compuesta por dos instructores, 10 alumnos y 43 soldados. Un segundo equipo de control antidisturbios ECA del Regimiento de Policía Militar 3, a cargo del mayor DEM Harold Sossa Montaño, ECA Sossa, recibió la orden de desplazarse a la rotonda El Castillo, kilómetro tres de la avenida Villazón”, indica el documento del Grupo.

“Es conocido, sin embargo, que además de las ECA estaba presente una patrulla de satinadores (tropas de élite del Ejército, compuesta también por francotiradores), cuyo número de efectivos no fue reportado. Además, según los mismos informes, al Peaje Huayllani, ubicado aproximadamente a 300 metros del puente del mismo nombre, se trasladaron dos ECA de reserva, un equipo del Regimiento Policía Militar 3, a cargo del mayor DEM Jorge Meneses Serrano, ECA Meneses y un equipo del Regimiento de Infantería Aerotransportada 18 'Victoria' a cargo del teniente coronel DEM Danny Cuadros Rojas, ECA Cuadros. De acuerdo a los informes, estas ECA no participaron del enfrentamiento”, añade el informe del GIEI.

Armas usadas y participación de la FAB

Respecto del armamento utilizado, los comandantes y cuadros de la ECA Chávez y Sossa portaban un total de “cinco fusiles SIG 510 cal. 7.62 y 20 fusiles FAL 7.62. Los soldados contaban con equipo antimotín, escudos, pistolas lanza gases Cal. 37 mm, escopetas Mossberg Cal. 12 mayor y agentes fumígenos de tipo balón y triple acción”. Además, algunos oficiales y cuadros portaban armamento de dotación personal.

Con base en los informes del comandante de la Séptima División y del comandante del RPM 3 y demás fuentes consultadas por el GIEI, es posible establecer que las tropas militares estaban fuertemente armadas. Si bien las fuerzas de seguridad afirman que emplearon solo munición no letal, es importante notar que las armas personales tenían munición letal de 9 mm. Aunque los fusiles SIG y FAL pueden ser utilizados con balines de goma, disparan con mucha energía y, por tanto, estos balines tienen potencial letal. El GIEI advierte que, en el caso concreto, las lesiones producidas revelan que hubo un uso de munición letal de alta velocidad, indica el documento del Grupo de Expertos.

De acuerdo con la información recibida por GIEI de la Fuerza Aérea Boliviana, en los operativos conjuntos intervinieron dos unidades: el GADA 92 (Grupo de Artillería y Defensa Antiaérea) y el GCAII (Grupo Contra Actos de Interferencia Ilícita) Simón Bolívar.

El GADA 92 informó que, por orden del CEO Central, “apoyó con dos camiones DONG FENG para el desplazamiento del Personal Militar de Cuadros dependiente de la II Brigada Aérea hasta el Puente de Huayllani”. El informe señala que su armamento reglamentario es de fusiles Aka y Galil, no obstante, el armamento no fue utilizado por el personal de cuadros, que no intervino en los hechos, ya que “se encontraba en la cuarta línea por detrás de la policía y el Ejército”. El GCAII Simón Bolívar, por su parte, realizó actividades de apoyo, en cumplimiento de disposiciones del comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba, empleando fusiles Galil, con munición de fogueo y granadas de “gas tipo béisbol”.

Uso de fuerza letal

El documento del GIEI establece que “con el avance de las tropas policiales y militares hasta 200 metros más adelante en la carretera hacia Sacaba, las fuerzas de seguridad adoptaron una estrategia de enfrentamiento y no de defensa del acceso a Cochabamba. Con ese posicionamiento, las fuerzas de seguridad han promovido intensa represión en calles, casas y comercios, no solo con la detención de manifestantes, sino también con el uso de fuerza letal contra la población. Se refuerza la perspectiva de que el operativo no fue ejecutado con el único objetivo impedir el ingreso de manifestantes a Cochabamba”.

Se observa, además, que las fuerzas estatales se rehusaron a prestar asistencia médica a personas heridas y dificultaron la atención iniciada por médicos y enfermeros.

Los servicios públicos se movilizaron para atender de modo mínimamente adecuado a los heridos, pero aun así se perpetraron actos de discriminación y humillación por parte de algunos profesionales.

El Estado también incumplió con sus obligaciones internacionales en relación con la protección de los derechos humanos con la detención, en gran escala y sin evidencia de flagrante delito, de un número todavía indeterminado de personas. Además, el GIEI evalúa como verosímiles las denuncias de tortura y de violación del debido proceso legal en relación con los detenidos en Sacaba, señala el documento.

“Todos los hechos –y especialmente la probabilidad de existencia de tortura sistemática en las unidades de la FELCC– deben ser exhaustivamente investigados y los responsables procesados y sancionados. Igualmente, el Estado necesita adoptar medidas normativas y legislativas para adaptar los procedimientos de la policía y de la Fiscalía en la prevención de la tortura y para el perfeccionamiento de la aplicación de las normas del debido proceso legal”, agrega el reporte internacional.

“En lo que se refiere a las investigaciones y a la persecución penal de los responsables por la masacre, el GIEI advierte: i) la excesiva demora en avanzar la investigación, incluso con la pérdida de oportunidad para obtener imágenes de cámaras de establecimientos hospitalarios de la zona; ii) la ausencia de declaraciones de los policías y militares (Ejército y Fuerza Aérea) presentes en el lugar de los hechos; iii) la falta de pericia del IDIF sobre los daños al vehículo militar; y iv) la tentativa de imputar a uno de los manifestantes, sin pruebas robustas, la responsabilidad por las muertes. Se observa aún que las Fuerzas Armadas y la Policía no colaboran con la investigación. Como órganos del Estado, esas instituciones tienen el deber de prestar toda la información que sea necesaria al esclarecimiento de los hechos”, añade.