La Paz 12 de Abril de 2026, 02:37
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"Si es hallado culpable, Sebastían Marset puede enfrentar hasta 20 años de condena" de acuerdo al comunicado del Departamento de Justicia de EE.UU.
El documento añade que "la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA) investigó este caso" y que tuvo colaboración y participación de más de 10 instituciones
publicado en 16 / Mar / 26Es considerado uno de los capos más buscados en Sudamérica, Marset fue presentado ante el tribunal federal en Alexandria (Virginia, este) bajo cargos de lavado de dinero a través del sistema financiero estadounidense.
Marset, de 34 años, estaba prófugo desde 2023 y presuntamente circulaba por Venezuela, Paraguay y Brasil, antes de ser detenido el viernes en Santa Cruz de la Sierra.
Junto a su socio, el uruguayo Federico Santoro, alias “Capitán”, Marset es sospechoso de haber dirigido una red que habría enviado al menos 16 toneladas de cocaína a Europa. Santoro fue detenido y condenado en julio de 2025 a 15 años de cárcel en Estados Unidos.
Marset también es sospechoso de encargar en 2022 el asesinato del fiscal antidrogas paraguayo Marcelo Pecci. El fiscal estaba de luna de miel en una isla del Caribe colombiano en 2022 cuando dos hombres se le acercaron en una moto acuática y le dispararon frente a su esposa.
El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado la semana pasada en Bolivia y expulsado a Estados Unidos, compareció ante un juez estadounidense, informó este lunes el Departamento de Justicia de EEUU.
“Si es hallado culpable, Marset puede enfrentar hasta 20 años de condena”, explicó el comunicado del Departamento de Justicia.
Juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales”, agrega el comunicado. El reporte recuerda que los fiscales federales adjuntos Anthony T. Aminoff y Catherine Rosenberg.
El documento añade que “la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA) investigó este caso” y que tuvo colaboración de más de 10 instituciones.
“La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, el Servicio de Seguridad Diplomática (DSS) y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos, el Ministro de Gobierno de Bolivia, la Unidad Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional de Bolivia, el Grupo de Trabajo de la DEA en Nueva York, la División Aérea de la DEA, las oficinas de la DEA en Sudamérica, incluyendo Bogotá, Buenos Aires, Asunción, São Paulo y Río de Janeiro, y Europol”, detalla.
