Ministro de justicia argentino Martín Soria indicó que Macri y exfuncionarios de su gobierno "están intentando tomar el pelo, no solo a los argentinos sino también a los bolivianos"
Entre los delitos están contrabando agravado, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación.
La denuncia está firmada por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, publicó C5N.
Gobierno argentino de Alberto Fernández presentó una denuncia penal contra el expresidente Mauricio Macri por el envío de “material bélico” a Bolivia en 2019 en medio de una crisis social y política que acabó con la dimisión de Evo Morales y la toma del poder por parte de Jeanine Áñez.
Se planteó el escrito ante las autoridades judiciales por “el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno Nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional».
Información oficial da cuenta del envío de 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógeno en spray MK-9; 05 gases lacrimógeno en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS; 52 granadas de gas HC. También se reveló de otro lote de “material bélico” que llegó junto a un grupo de élite argentino “alacrán” el 12 de noviembre, día en el que asumió el poder Áñez, a dos días de la renuncia de Morales en medio de denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión.
Macri negó el envío del material en un primer momento, aunque luego admitió y aclaró que solo se trató de material antimotín. “Quiero desmentir de manera rotunda la veracidad de esas acusaciones y, al mismo tiempo, repudiar la carta que el presidente Alberto Fernández envió a las autoridades bolivianas expresando ‘dolor y vergüenza’ sobre esos hechos falsos en lo que quieren involucrarme”.
Se descubrió de arribo de ese material a raíz de una nota de agradecimiento del entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Gonzalo Terceros al entonces embajador argentino Normando Álvarez, quien también negó saber de ese trámite.
El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó que la FAB certificó en sus archivos la existencia material de esa nota de agradecimiento.
La denuncia refiere que «se observa la posible comisión de los delitos de contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación».
Entre tanto ante el rechazo del expresidente argentino Mauricio Macri y otros funcionarios de su gobierno sobre el envío de munición a Bolivia, en noviembre de 2019, el ministro de Justicia de ese país, Martín Soria, los fustigó y señaló que “nos están intentando tomar el pelo, no solo a los argentinos sino también a los bolivianos”.
“Para que cada uno de los 11 integrantes (de Alacrán que llegaron a Bolivia) que custodió la embajada gastara esa cantidad de municiones antitumulto, debería haber tirado al menos 30 escopetazos por día adentro de la embajada”, subrayó, “nos están tomando el pelo, no solo a los argentinos sino también a los bolivianos”, añadió el ministro argentino.
Anunció que las exautoridades involucradas en este hecho se arriesgan a ser acusadas de “contrabando agravado” porque se ocultó este material a la Aduana y se informó un destino diferente, en este caso la embajada argentina en Bolivia. Al respecto, hay las sospechas de que la munición fue a parar a la FAB y la Policía boliviana.
Ministro sostuvo que otro delito que puede recaer en los exfuncionarios es “incumplimiento de los deberes de funcionario”, ya que no se informó al Congreso del envío de ese material a suelo boliviano. “Falsearon el destino para que esa autorización no pasase por el Congreso. El Código Penal argentino les queda chico”.
Apuntó los dardos al expresidente Macri, la exministra Bullrich, el excanciller Jorge Faurie, el exministro de Defensa Óscar Aguad; Leandro Cuccioli, extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el exjefe de la Aduana Jorge Dávila, el exresponsable de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) Eugenio Cozzi y los altos mandos de la Gendarmería.