Bolivia reportó 23 feminicidios y 423 casos de trata de personas hasta el pasado 4 de abril, según la Fiscalía General. Los dos últimos feminicidios esclarecidos por la Policía fueron de Valeria y Wilma
Alrededor de 3 mil niños quedaron desamparados tras el asesinato de sus progenitoras en territorio nacional. Los datos fueron revelados por el ministro de Justicia, Iván Lima, quien aseguró que las cifras corresponden desde 2013 a la actualidad.
La autoridad admitió que no son “datos precisos” debido a que el relevamiento se realizó con base a las sentencias por feminicidios.
“Se tiene un registro en función a las víctimas, a madres que han perdido la vida. La cifra que tenemos en este momento es desde el 2013 que es la aplicación de la Ley 348 (Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia) al 2022, supera los 2.700 a 2.800 niños que habrían quedado en la orfandad, pero no es una cifra precisa.
Lamentablemente hay feminicidios desde que se da una sentencia ejecutoriada, cuando sabemos que las sentencias han sido muy pocas en el país, esta forma de cálculo de las cifras que tenemos tiene que modificarse, no podemos estar esperando sentencias para darle derechos, protección a los huérfanos de los feminicidios”, agregó la autoridad.
El ministro manifestó que desde la Dirección de Género se realizan diferentes acciones para dar “protección” a las víctimas del feminicidio. Aunque, señaló que también se trabaja junto a diferentes alcaldías para conocer cuántos y dónde están los huérfanos de este delito.
La activista del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres Eulogia Tapia, lamentó que desde el Gobierno no se priorice levantar un registro oficial de las víctimas para promover políticas públicas de protección.
Tapia en contacto con la ANF dijo que según un registro del Observatorio hay más de 600 niños y adolescentes huérfanos del delito de feminicidio. Aclaró que los datos son desde 2016 hasta enero de 2022. Consideró que para conocer la cifra real de las víctimas se debe realizar un censo de esta población.
“Es urgente un censo de niños huérfanos por esta causa, para determinar su situación actual y ver formas de atención. En el registro tengo más de 600 huérfanos, pero esos datos son solo de los casos públicos, hay un subregistro y deben ser más”, indicó.
Remarcó que esta población debe recibir un apoyo integral porque la mayoría son testigos presenciales del asesinato de su progenitora, por eso quedan con el trauma y en situaciones de extrema vulnerabilidad. Cuestionó que los huérfanos no reciben terapia para superar el trauma de ver morir a sus madres.
“La Ley N° 548. Código Niña, Niño y Adolescente dice que los menores deben recibir apoyo, pero no se cumple, no hay seguimiento. Están abandonados a su suerte, en el olvido porque los familiares están absorbidos buscando justicia”, criticó.
Bolivia reportó 23 feminicidios y 423 casos de trata de personas hasta el pasado 4 de abril, según la Fiscalía General. Los dos últimos feminicidios esclarecidos por la Policía fueron de Valeria y Wilma.
La pobreza obliga a trabajar a más de 403 mil niños
La situación de pobreza y el decrecimiento económico, a causa de la pandemia, provocaron que más de 403.000 niños bolivianos, entre 5 y 13 años, se vean obligados a trabajar, según la última Encuesta de Niñas, Niños y Adolescentes (ENNA).
Sin embargo, la cifra de menores de edad que son vinculados a la fuerza laboral alcanza a 724.000 si se suman los 321.000 adolescentes, entre 14 a 17 años, a los 403.000 niños de 5 y 13 años. De este total, 388.000 son varones (50.9%) y 335.000 mujeres (49.3%).
La concentración geográfica de las niñas, niños y adolescentes trabajadores está en el eje central: La Paz, con 237 mil; Santa Cruz, con 147 mil; y Cochabamba, con 110 mil. En Potosí existen 96 mil menores trabajando; en Chuquisaca, 48 mil; y en Tarija, 23 mil. Los departamentos con menor trabajo infantil son: Pando, Oruro y Beni con 9 mil, 16 mil y 23 mil, respectivamente.
De los 724.000 niños y adolescentes trabajadores, el 69.34% (502 mil) labora en el área rural y el 30.66% (222 mil) en el área urbana.
“Una de las principales causas del trabajo en Niñas, Niños y Adolescentes se comprende (a raíz) que el decrecimiento económico, vinculado a la pandemia y las restricciones generadas por la misma, afectará de forma amplificada a los sectores más pobres, a los que laboran el sector informal o a los que ‘viven al día’”, alerta el informe de "Trabajo infantil y adolescente en Bolivia: Vulneración del derecho a la protección de niñas, niños y adolescentes con relación al trabajo", presentado ayer por la Defensoría del Pueblo.
Según los tratados internacionales suscritos por Bolivia, la edad mínima para que los menores puedan trabajar es de 14 años. Sin embargo, el 55,6% de los menores vinculados como fuerza laboral tienen entre 7 y 13 años.
La última ENNA fue realizada en 2019, para el 2021 no se efectuó el relevamiento de datos que podría haber brindado un mejor panorama para entender la gravedad del trabajo infantil en Bolivia.
“La base para cualquier interacción entre el Estado y una población en situación de vulnerabilidad deberían ser los datos estadísticos, que permiten caracterizar esta población para el desarrollo de políticas públicas y acciones que tengan un impacto real y concreto”, indica el informe defensorial.
El Gobierno se propuso en 2018 erradicar el trabajo infantil para el 2025.