Fiscal coordinador, Sergio Bustillos solicitará su detención preventiva en la cárcel de San Pedro por seis meses dijo existen elementos que establecen su participación en el caso
“Las declaraciones en la Fiscalía del exgerente de Entel, el señor Eddy Luis Franco, son claras y contundentes (…), involucró a dos personas. Él dice que no es su firma, que no es su firma real, sino que tenía un facsímil, es decir, un sello y que, a cargo de este sello, de este facsímil, estaban dos exsecretarias de él”, señaló la autoridad a Bolivia TV.
Eddy Luis Franco, exgerente de Entel, involucra a dos de sus ex secretarias en la investigación sobre el presunto desvío de cerca de $us 390.000 de la estatal telefónica a una empresa “fantasma” en Perú, informó Edgar Montaño, ministro de Obras Públicas.
Según el ministro, ahora también se ampliará la investigación contra esas dos personas recientemente involucradas para que digan si Franco autorizó utilizar el mencionado facsímil.
El fiscal coordinador, Sergio Bustillos, adelantó que en la audiencia de medidas cautelares se solicitará su detención preventiva en la cárcel de San Pedro por el lapso de seis meses. Según dijo, existen elementos que establecen su participación en el caso.
Es un proceso por el desvío de al menos $us 390.000 por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y conducta antieconómica.
En una pasada entrevista, la misma autoridad gubernamental, cuando fue consultada sobre quién autorizaba o firmaba las transferencias a la “empresa fantasma”, indicó en las “órdenes de servicio, (está) la firma de Eddy Luis Franco”.
Franco también fue aprehendido por el mismo caso y ahora espera en celdas policiales su audiencia de medidas cautelares en la que se definirá su situación jurídica; mientras la Fiscalía anticipó que pedirá su detención preventiva por seis meses, acusado por los delitos de enriquecimiento ilícito y conducta antieconómica.
El 21 de abril, Carola Gabriela V. F., exanalista de Gerencia de Finanzas de Entel, fue la primera persona en ser detenida por la transferencia de recursos a una “empresa fantasma”, representada por Cesar Antonio G. P, para que supuestamente realice un trabajo de revisión de la instalación de la red de fibra óptica de Bolivia “en los nodos” en Perú.